Un total de 527 menores formaban parte de familias en riesgo de perder su vivienda habitual en Tenerife durante 2025, según los datos expuestos por Cáritas Diocesana de Tenerife ante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias.
Los casos fueron atendidos a través del proyecto Base 25, financiado por el Cabildo de Tenerife y dirigido a prevenir el sinhogarismo. Cáritas acompaña mediante este programa a familias en riesgo de perder su vivienda, con la participación de trabajadoras sociales y abogadas.
La intervención incluye acompañamiento a las familias, apoyo en los trámites, mediación con propietarios y, cuando resulta necesario, ayuda económica.
El secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, situó precisamente la vivienda como “el núcleo de desarrollo de la familia” y señaló que los problemas habitacionales afectan a una de cada tres personas en Canarias.
Según explicó ante la comisión parlamentaria, la inseguridad residencial puede generar miedo, falta de rutinas y ausencia de espacios seguros para los menores, además de situaciones de tensión familiar, problemas de salud mental y violencia.
114 menores en exclusión residencial extrema
A los casos atendidos mediante Base 25 se suma otro dato expuesto por Cáritas sobre las condiciones en las que viven algunos menores.
La entidad atendió mediante sus unidades móviles a 114 menores en situaciones de exclusión residencial extrema: 73 en Tenerife y 41 en La Palma.
Estas situaciones incluyen a menores que residen en infraviviendas o inmuebles que no se adaptan a sus necesidades básicas, según la información trasladada por la organización.
Cáritas Diocesana de Tenerife atendió durante 2025 a un total de 12.466 personas en la provincia occidental, de las cuales 2.250 eran menores pertenecientes a las familias acompañadas.
La exclusión aumenta entre los hogares con más menores
Durante su comparecencia, Iglesias expuso también diferentes datos del último informe de la Fundación FOESSA.
Según las cifras trasladadas al Parlamento, el 22,8% de los hogares canarios con un menor de edad está en situación de exclusión. El porcentaje asciende hasta el 38,4% en los hogares con dos o más menores.
La incidencia es todavía mayor entre otros tipos de familias: alcanza el 42,3% en las monoparentales y el 46,1% en los hogares formados por cinco o más personas.
Iglesias también alertó sobre la cronificación de la pobreza. Según explicó, prestaciones como el ingreso mínimo vital han permitido mejorar la situación económica de muchas familias, pero no han solucionado los problemas relacionados con la vivienda.
El representante de Cáritas señaló que el informe FOESSA refleja una evolución positiva en otros indicadores económicos, frente a un empeoramiento del relacionado con los suministros y las necesidades de vivienda.
Cáritas pide más vivienda pública en alquiler
Ante esta situación, Cáritas defendió la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública en régimen de alquiler y facilitar el acceso mediante criterios de vulnerabilidad.
La organización también reclamó simplificar los procedimientos de los servicios sociales para que las personas en situación de exclusión puedan acceder con mayor facilidad a prestaciones y recursos.
Entre los obstáculos señalados aparece el empadronamiento, que Iglesias definió como una “puerta de acceso” a derechos y prestaciones. Cáritas sostiene que las condiciones y procedimientos utilizados por algunos ayuntamientos pueden dificultarlo.
La entidad reclamó además el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, una mayor coordinación entre administraciones y organizaciones sociales y una financiación más estable para el tercer sector.
El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, defendió que la pobreza debe abordarse desde la “transversalidad”, al considerar que no se trata exclusivamente de un problema de servicios sociales, sino que afecta también a ámbitos como Vivienda, Educación, Cultura y Sanidad.