Las representantes de los colegios de Trabajo Social de Canarias y de la ONG Save the Children coincidieron ayer en el Parlamento de Canarias en pedir reformas urgentes en el sistema de protección social centrado “en la reacción” y no en la prevención, el refuerzo de los servicios sociales municipales y abordar con valentía la carestía y el problema del acceso a la vivienda, factor principal que está abocando a una exclusión estructural y a la cronificación de la pobreza infantil.
Catalina Perazzo, de Save the Children, recordó que el 40% de la población infantil de Canarias está en riesgo de pobreza y pidió un “enfoque integral” para que las familias con hijos se sitúen en el centro del debate político y presupuestario, ya que el crecimiento económico y el empleo no han logrado revertir la exclusión. Lamentó que “tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza”, los problemas de acceso a la vivienda y que el alquiler en las Islas ha subido “casi el doble que la media estatal” en los últimos diez años. “Hay una situación asfixiante” para los hogares con niños, que padecen un sistema de protección a la infancia infrafinanciado y mal diseñado.
Perazzo subrayó que las prestaciones económicas directas son una de las formas más eficientes de sacar a las personas de la pobreza, pero España solo destina el 1,4% del PIB a prestaciones familiares y de infancia. También hay un problema de diseño de esas ayudas, porque se canalizan principalmente por la vía fiscal, de manera que los hogares con hijos en situación de pobreza suelen quedar fuera porque no tributan.
Entre sus propuestas exigió una reforma de la Renta Canaria de Ciudadanía para que “sea un complemento real” al Ingreso Mínimo Vital, un “complemento específico para hogares con menores” a cargo, “ayudas reforzadas para familias monomarentales”, una “ayuda universal por crianza”, una “protección específica para familias con hijos” y un complemento de vivienda en zonas tensionadas.
Perazzo consideró imprescindible una “ventanilla única administrativa” para evitar que las familias tengan que peregrinar entre administraciones para acceder a la Renta Canaria, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas municipales.
También abogó por un refuerzo de los servicios sociales municipales y la cogobernanza entre Estado, Comunidad, cabildos y ayuntamientos, así como la “interoperabilidad de datos” entre las administraciones, además de la evaluación de las políticas. Propuso la universalización de la educación de 0-3 años, becas para las familias bajo el umbral de pobreza al inicio del curso y ampliar la cobertura del comedor escolar.
Huella toda la vida
Desde los colegios oficiales de Trabajo Social de Canarias se denuncia que el sistema de protección se centra “en la reacción” y los servicios sociales “están desbordados, falta de personal y sobra burocracia”, todo lo cual limita la prevención y la intervención comunitaria, destacó Maitane Cabrera, presidenta de Santa Cruz de Tenerife.
Afirmó que la vivienda “debe entenderse como una política de infancia”, porque un niño sin vivienda estable pierde seguridad. Los servicios sociales municipales atienden cada vez “más situaciones vinculadas a desahucios, hacinamiento, exclusión residencial y familias con menores sin alternativa habitacional” estable. Denunció que están viendo situaciones “inauditas”, se reciben llamadas de profesores, pediatras y trabajadoras sociales de sanidad, alertando sobre lanzamientos “pero no existen alternativas habitacionales para las situaciones de desamparo de las familias”.
En representación del Colegio de Las Palmas, Naomí Armas, coincidió en que la carestía de la vivienda es un factor de empobrecimiento. Denunció que cada día “vemos madres, padres, niños, niñas y adolescentes haciendo enormes esfuerzos para superar las dificultades de acceso a la vivienda, empleos inestables, barreras educativas, problemas de salud mental, listas de espera interminables y prestaciones que no llegan cuando se necesitan”.
Explicó que hay familias con menores “viviendo pendientes de un desahucio, sobreviviendo en habitaciones realquiladas o cambiando continuamente de alojamiento porque no pueden acceder a una vivienda digna”, una realidad cotidiana para los servicios sociales municipales y los centros educativos. Recalcó que la pobreza infantil “deja huellas que acompañan durante toda la vida” y denunció “la normalización de la desigualdad” que se produce cuando “los datos dejan de escandalizarnos”.
Todas plantearon el “refuerzo urgente” de los servicios sociales municipales, “impulsar una política pública de vivienda valiente”, porque “la pobreza infantil no se resolverá mientras existan familias atrapadas entre alquileres e infraviviendas”. Exigieron una “financiación estable” para los programas de infancia, situar la prevención y el trabajo comunitario como eje central del sistema y coordinar las políticas públicas de educación, vivienda, sanidad y servicios sociales. “Canarias necesita una respuesta más coordinada, preventiva, comunitaria y valiente”, afirmó Cabrera.
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