El monumento a La Victoria, popularmente conocido como monumento a Franco, ubicado en la confluencia de la Rambla con la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife llegará ante la Justicia.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha firmado una orden para instar a los servicios jurídicos municipales a interponer un contencioso administrativo contra el Gobierno de España, con el objetivo de frenar la resolución estatal que obliga al Ayuntamiento a retirar, antes de febrero de 2027, la obra de Juan de Ávalos de la vía pública.
El pasado 2 de septiembre, el Consistorio recibió el dictamen del Estado que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, del que Ángel Víctor Torres es el máximo responsable. Un documento en el que se acordaba incluir en el catálogo nacional de vestigios franquistas al citado monumento capitalino y, por tanto, daba al Ayuntamiento un plazo de seis meses para proceder a retirarlo y custodiarlo en una nave municipal.
Tras el cierre de esta vía administrativa impulsada por el Consistorio chicharrero, que al ser el dueño de la obra esgrime su intención de proteger el conjunto escultórico como parte del patrimonio de la ciudad, el alcalde ha decidido dar otro paso más, por lo que ha instado a las áreas de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la asesoría jurídica municipal, a llevar a cabo las actuaciones jurídicas necesarias para interponer un recurso contencioso administrativo contra dicha resolución del Gobierno central.
Esta directriz, según se recoge en la instrucción firmada por el regidor local, ya ha sido notificada tanto al Organismo Autónomo de Cultura, a la Dirección de la Asesoría Jurídica y a la Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.
Catálogo de bienes
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz también ha anunciado la posible inclusión de la obra de Ávalos en el catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad, el cual tramita ahora la Gerencia de Urbanismo y de la que aún se está a la espera del informe técnico. De considerar su aprobación, el polémico monumento garantizaría, legalmente, su salvaguarda.
A finales de julio, Bermúdez anunció la decisión de estudiar la inclusión de la escultura en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, “por sus posibles valores artísticos”. Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, el regidor aseguró que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio debería quedar en suspensión mientras se resuelve el procedimiento.
No obstante, el Ministerio sigue firme en su decisión, amparado, además, en que a principios del pasado mes de junio el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la obra, al no hallar valores arquitectónicos ni artísticos suficientes para otorgarle la máxima protección.
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