Un empresario del sur de Tenerife ha presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación administrativa contra cuatro concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arona, todos ellos tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local.
La acción judicial se dirige contra Clara María Pérez Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González, sin perjuicio de que durante la instrucción puedan determinarse otras posibles responsabilidades.
El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando la sociedad promotora solicitó al Ayuntamiento una licencia de obra mayor para demoler una edificación sin terminar y ejecutar un nuevo edificio sociocultural y recreativo en una parcela situada en el Camino Montaña Chayofita, en Los Cristianos.
Según recoge la querella, el plazo legal para resolver y notificar este tipo de procedimientos es de tres meses, pero seis años después de iniciarse el expediente no se había dictado resolución expresa.
Informes favorables
La denuncia judicial sostiene que, tras subsanarse las deficiencias inicialmente detectadas y presentarse un proyecto modificado, el expediente quedó completamente instruido durante el verano de este año.
La documentación incorporada al procedimiento incluye un informe urbanístico favorable de 18 de junio de 2026, otro informe resumen también favorable y un posterior informe aclaratorio sobre la suficiencia de los pronunciamientos técnicos existentes. A ello se añadió el 6 de julio una propuesta de resolución igualmente favorable al otorgamiento de la licencia, aunque sometida a determinadas condiciones.
La querella sostiene, por tanto, que en ese momento ya estaban cumplimentados los informes técnicos y jurídicos preceptivos y que no quedaba pendiente ningún trámite de instrucción legalmente exigible.
Sin embargo, la Junta de Gobierno Local acordó el 7 de julio retirar el asunto del orden del día “para mejor estudio”, con el propósito de aclarar dudas sobre el proyecto de urbanización y mantener una reunión con los técnicos municipales.
Dos semanas después, el 21 de julio, los cuatro concejales ahora querellados presentaron conjuntamente un escrito solicitando un nuevo informe jurídico del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística sobre la vigencia, eficacia y suficiencia jurídica de un proyecto de urbanización aprobado en 1999. La Junta de Gobierno decidió entonces dejar nuevamente el expediente sobre la mesa.
La querella habla de una paralización deliberada
Este punto constituye el núcleo de la acción penal. La parte querellante argumenta que la cuestión sobre la que los cuatro ediles reclamaron un nuevo pronunciamiento ya había sido analizada expresamente por los técnicos municipales y resuelta favorablemente.
Además, sostiene que ninguno de los acuerdos adoptados identificó un vicio, defecto o impedimento legal concreto que imposibilitara conceder la licencia.
Cuando se interpuso la querella habían transcurrido más de dos meses desde que el expediente quedó en condiciones de ser resuelto con propuesta favorable y, según el escrito judicial, no constaba que se hubiera emitido el nuevo informe solicitado ni que el asunto hubiera regresado al orden del día de la Junta de Gobierno. El pasado 22 de septiembre se cumplieron además seis años desde la presentación inicial de la solicitud.
Los abogados de la parte querellante consideran que esta actuación podría constituir un delito de prevaricación administrativa por omisión, al entender que los responsables municipales tenían la obligación de resolver el procedimiento y que su paralización, pese a disponer de informes favorables, habría sido deliberada. La querella sostiene que los cuatro concejales conocían tanto el estado del expediente como el contenido favorable de los informes técnicos y jurídicos.
La acusación mantiene además que esta demora está ocasionando graves perjuicios económicos al promotor por la paralización del proyecto, cuya cuantificación se reserva para una fase posterior, junto con las eventuales acciones de responsabilidad civil y patrimonial.
Piden que declaren los cuatro concejales
Entre las diligencias solicitadas al juzgado figura la declaración de los cuatro ediles en calidad de investigados, así como la comparecencia como testigos de varios técnicos y responsables municipales que intervinieron en la tramitación del expediente.
La querella solicita también que el Ayuntamiento entregue al juzgado una copia íntegra y certificada del expediente urbanístico, informe sobre si finalmente se ha dictado alguna resolución y aporte, en caso de existir, el informe jurídico solicitado en julio. En caso contrario, pide que se certifique que dicho informe no ha sido emitido.
También reclama las actas o videoactas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de los días 7 y 21 de julio y de las celebradas posteriormente, con el objetivo de conocer el tratamiento dado al expediente y determinar si volvió a incluirse en algún orden del día.
La querella ha sido presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona y solicita su admisión a trámite y la apertura de las correspondientes diligencias de investigación.