Drago Canarias presentó los resultados de su último informe, “Zonas tensionadas en Canarias: análisis y requisitos”, que concluye que los ochenta y ocho municipios de Canarias cumplen, al menos, uno de los requisitos necesarios para ser declarados como zona tensionada en materia de vivienda.
Se trata de un informe elaborado por el Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago Canarias —a partir de estadísticas del INE, del ISTAC y del Consejo General del Notariado—, que estudió la situación de la vivienda de cada municipio del Archipiélago, uno a uno, y cruzó los datos disponibles con los criterios incluidos en la Ley de Vivienda estatal para declarar zonas tensionadas.
En concreto, la Ley de Vivienda estatal establece dos criterios por los que un municipio puede solicitar la declaración de zona tensionada y resulta suficiente que se cumpla uno de ellos para que el municipio pueda solicitar al Gobierno de la Comunidad Autónoma esta declaración.
El primero de los criterios corresponde al esfuerzo económico del hogar y requiere que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, sumado a los gastos, supere el 30 % de la renta media del municipio. El segundo criterio, que calcula la evolución de los precios con respecto al IPC, aplicado a Canarias requiere que el precio de compra o alquiler haya subido más de un 25,3 % en los últimos cinco años.
Pues resulta que en Canarias, hasta 42 municipios cumplen los dos requisitos —casi el 50 % de todas las localidades del Archipiélago— y los 46 municipios restantes cumplen al menos uno de los dos criterios, lo que significa que la emergencia habitacional en cada uno de los municipios canarios es lo suficientemente grave como para aplicar este instrumento previsto en la legislación estatal.
La Portavoz Nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, explicó que “esto son datos objetivos, no es rebatible, Canarias entera debería ser declarada zona tensionada” y añadió que “aquellas instituciones que no hayan dado los pasos para declarar sus municipios como zonas tensionadas son responsables directa de la falta de vivienda que sufre la población canaria”.
Por otro lado, con respecto al propio informe, Peña puso en valor el trabajo de la militancia de Drago Canarias y señaló que “el informe está elaborado de manera altruista por integrantes de nuestro partido, personas que tienen sus trabajos pero que son expertas en el análisis de datos y deciden dedicar su tiempo libre a sacar adelante este tipo de análisis” e hizo hincapié en que “ahora mismo no hay nadie en Canarias que esté haciendo esto”.
Subidas vertiginosas en determinados municipios
El análisis por municipios elaborado en el informe “Zonas tensionadas en Canarias: análisis y requisitos” arroja luz sobre la intensidad de la crisis de vivienda en determinados municipios de Canarias.
En las capitales canarias, por ejemplo, la variación acumulada de la subida del precio de la vivienda en los últimos cinco años es del 67,5 % para Santa Cruz de Tenerife y del 30,23 % en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, que en ambos casos se cumple el criterio del IPC.
En cuanto a los municipios más afectados, La Matanza de Acentejo es la localidad de Tenerife que presenta una mayor variación acumulada del precio de la vivienda en los últimos cinco años, de hasta un 99,35 %, pasando de 1070 euros el metro cuadrado en 2020 a 2133 euros en 2025.
Por su parte, la mayor variación acumulada en Gran Canaria corresponde a Ingenio, un 59,75 %, donde el precio de la vivienda pasó de 867 euros el metro cuadrado en 2020 a 1385 en 2025.
En La Gomera, San Sebastián es el municipio más afectado, pasando de 1339 euros el metro cuadrado en 2020 a 1782 euros en 2025, lo que supone una variación acumulada del 33,08 %; en La Palma es Los Llanos de Aridane la localidad que encabeza la lista, de 1248 euros en 2020 a 1902 en 2025, un 52,4 % de variación acumulada.
Asimismo, en Lanzarote, Teguise pasó de 1813 euros el metro cuadrado en 2020 hasta 3009 euros en 2025 —subida del 65,97 %—; mientras que en La Oliva, en Fuerteventura, se aumentó de 1810 euros en 2020 a 3020 en 2025 —subida del 66,85 %—.
Metodología
Con respecto al primer criterio, el del esfuerzo económico del hogar, el informe no analiza una fluctuación de precios aislada, sino la capacidad real de supervivencia financiera de las unidades de convivencia frente a la erosión de su renta disponible.
Para ello, se cruzan los datos relativos a la acreditación del gasto básico de una unidad familiar proporcionados por el INE, se contrastan las rentas con el esfuerzo real de las familias y posteriormente se calcula la tasa de esfuerzo para determinar la tasa de vulnerabilidad económica.
Para el análisis del segundo criterio, el de la evolución de los precios con respecto al IPC, el informe determina el umbral crítico legal a partir de la variación del IPC acumulado de Canarias en los últimos cinco años y el diferencial legal requerido de tres puntos porcentuales. En cuanto a la solidez metodológica del presente informe, desde el Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad se aclara que todos los precios por metro cuadrado de vivienda han sido extraídos del Consejo General del Notariado, por lo que representan transacciones legalizadas, proporcionando una base probatoria robusta que refleja la realidad transaccional del mercado.