Desde mayo de 2023, la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado: territorios donde la carga del alquiler o la hipoteca supera el 30% de los ingresos del hogar, o donde los precios han crecido más de tres puntos por encima del IPC en cinco años. Esta figura permitiría contener los precios del alquiler y aplicar medidas específicas, sobre todo frente a grandes tenedores de vivienda.
Sin embargo, en Canarias no se ha activado en ningún municipio, a pesar de que varios han iniciado el procedimiento. Entre ellos figuran Mazo, Tías, Yaiza, Mogán o Pájara, aunque por volumen poblacional y presión inmobiliaria destacan especialmente Adeje y Granadilla de Abona, en el Sur, donde la expansión turística, especialmente, ha disparado la demanda de vivienda y reducido la oferta residencial habitual.
La Ley 12/2023 no impone esta declaración, pero faculta a las comunidades autónomas a adoptarla si hay una solicitud municipal debidamente documentada. En un principio, el Gobierno de Canarias había planteado un protocolo técnico para regular el procedimiento. Sin embargo, tras la petición de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se optó por elevarlo a rango legal e integrarlo en el Decreto Ley de medidas urgentes para la vivienda.
NO OBLIGACIÓN
El decreto establece que la iniciativa parte de los ayuntamientos, que deben elaborar un informe técnico con datos justificativos, delimitar el ámbito de actuación, proponer un plan de medidas y someter el expediente a información pública. Posteriormente, el Gobierno de Canarias puede —pero no está obligado a— declarar la zona como tensionada, evaluando además su “incidencia sobre la política autonómica de vivienda”.
En la práctica, el procedimiento ha desplazado la carga del proceso a los ayuntamientos, asumiendo estos los recursos técnicos y el respaldo económico necesarios para cumplir con los requisitos exigidos.
Otras comunidades ya han activado esta figura. Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia han declarado zonas tensionadas, siendo Cataluña el caso más avanzado, con más de 300 municipios reconocidos.
ACUERDO PLENARIO
Es el caso de Adeje, donde el Ayuntamiento aprobó en abril de 2024 un acuerdo plenario para iniciar el procedimiento. Según fuentes municipales, se remitió al Gobierno de Canarias la documentación disponible, pero la Consejería de Vivienda respondió que el acuerdo plenario no sustituye el informe técnico exigido por la normativa. Desde el consistorio se insiste en que los datos clave, como los precios, ingresos medios y presión turística, ya están en poder del Ejecutivo regional, y que no cuentan con los medios para elaborar un informe completo.
Los servicios jurídicos municipales sostienen que, dado que la vivienda es una competencia autonómica, corresponde al Gobierno de Canarias asumir o al menos facilitar el análisis técnico, especialmente en municipios que no tienen capacidad técnica ni personal especializado.
Un escenario muy similar se da en Granadilla de Abona, el primer municipio tinerfeño que inició el trámite. En mayo de 2024, tras recibir el protocolo remitido por la Fecam, presentó alegaciones pidiendo apoyo técnico y económico, y propuso que el Ejecutivo elaborara un estudio general del mercado de la vivienda como base común para las solicitudes. Hasta la fecha, no han recibido respuesta oficial ni se les ha solicitado documentación adicional.
La falta de medios ha sido uno de los principales obstáculos señalados por los municipios para completar el procedimiento de declaración de zonas tensionadas. Desde la Consejería, sin embargo, se insiste en que el cumplimiento técnico de la ley es imprescindible. En ese contexto, el caso de Las Palmas de Gran Canaria representa la solicitud más avanzada hasta la fecha, aunque tampoco ha logrado desbloquear la activación de la figura.
El Ayuntamiento presentó su solicitud en enero de 2025, tras un estudio técnico iniciado el año anterior y realizado en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según esgrime el informe, la ciudad cumple los criterios de la Ley 12/2023 para aplicar medidas de regulación del alquiler.
Sin embargo, aunque el expediente fue remitido formalmente, el Gobierno de Canarias no ha incoado aún el procedimiento.
De forma extraoficial, la Consejería ha planteado tres objeciones: que el informe contiene datos de portales privados como Idealista o Fotocasa, que la propuesta abarca todo el municipio en lugar de zonas concretas, y que falta un cronograma de medidas a tres años, como exige la norma.
La alcaldesa socialista, Carolina Darias, afirmó que el Ayuntamiento “aún no ha recibido una notificación formal con esas subsanaciones”.
APOYO DEL PROPIO MINISTERIO
Mientras tanto, desde el propio Ministerio de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez expresó públicamente su apoyo a la solicitud en una una entrevista en Madrid con Darias.
Por su parte, la portavoz de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha acusado al Gobierno autonómico de no respetar los plazos legales que estipula esta norma y ha anunciado que su partido llevará el caso a los tribunales “si continúa el bloqueo”. Según Santana, la ley establece que el “Ejecutivo tiene seis meses para responder a las solicitudes”, plazo que, en este caso, ya se habría superado
En medio de un “equilibrio inestable” entre competencias y responsabilidades, la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en Canarias sigue esperando su momento.
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