Justo cuando se abren las bodegas y se degustan los primeros vinos de la cosecha de este año convulso y peligroso, el 29 de noviembre el pueblo español tiene una cita crucial con las urnas, la tercera en algo más de ocho años, en la que se juega su porvenir político, económico y social y, posiblemente, la democracia que hemos conocido hasta ahora.
La crisis de vivienda ha puesto de manifiesto con los últimos desahucios en Madrid y Barcelona, pero especialmente con el ocurrido en la capital con el desalojo de una anciana de la casa que habitaba desde hace 70 años, la incapacidad de los gobernantes y agentes económicos y sociales para dar respuesta a las necesidades cada vez mayores de la población en constante crecimiento. Casi un centenar de desahucios al día de promedio da que pensar y debería ser motivo de reflexión para toda la sociedad, ni que decir tiene sobre quienes apenas tienen un techo para dormir.
Existe un desequilibrio sistémico entre la oferta y la demanda habitacional cuya solución requerirá años e inversión, y no parches legislativos como los que se pretenden aplicar mal y a toda prisa. En un asunto tan serio como el que nos ocupa no caben improvisaciones al calor de la calle que no representa a la mayoría de los españoles o a golpe de decretos.
La gota que colmó el vaso de la capacidad de resistencia o el pretexto de oportunidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para adelantar las elecciones generales, fue el rechazo de los dos decretos de vivienda el 2 de octubre por el Congreso de los Diputados. Sin duda, fue una ocasión de oro, en medio de un estallido social con clara orientación política que aspira a cambiar las reglas del juego democrático. Lo desconcertante se produce pocos días después de que el Parlamento, por amplia mayoría, tumbara los dos controvertidos decretos, y una vez disueltas las Cortes el Gobierno aprueba y manda a convalidar en un plazo de 30 días los mismos proyectos de ley, pero con la salvedad de que se garantiza su aprobación uno en la Diputación Permanente dada la configuración de fuerzas representadas que la facilita. Una jugada maestra para el Gobierno, pero con un elevado coste de credibilidad democrática, cuya legalidad sería discutible ante el Tribunal Constitucional (¿?).
Precisamente ahora cuando parecen resurgir de sus cenizas las movilizaciones del 15M en las postrimerías de septiembre que tienden a solapar y silenciar la tragedia que vive Ceuta, inmersa en el caos, a causa de la crisis migratoria desde el 30 de julio, y que pone en jaque a la soberanía nacional de España sobre esa ciudad, el primer ministro llama a consulta a los ciudadanos para que decidan. Un referéndum: “O yo o el caos”. El caos ya empieza a tomar las calles del país.
No antes, sino ahora, cuando Pedro Sánchez decide convocar elecciones generales, a pesar de que no han faltado motivos más que suficientes desde 2024 para dar ese paso; haberse sometido a una moción de confianza como mínimo, pero claro estamos ante una prerrogativa que solo le compete a él como recoge el ordenamiento constitucional. Ha sobrevivido políticamente a una moción de censura esperpéntica defendida sin éxito por el reputado economista Ramón Tamames, gracias a los apoyos de los socios de investidura.
Pedro Sánchez se juega su residencia en la Moncloa en estos comicios, pero como ocurrió en 2023 no necesita ganar las elecciones, sino el Gobierno mediante pactos postelectorales con la extrema izquierda y nacionalistas, sólo precisa aglutinar 176 votos para ser investido presidente, siempre que no se produzca un vuelco en las urnas que lo lleve a la oposición. Los ciudadanos tienen la última palabra. El resto ya lo pueden adivinar.
*Periodista en la reserva y escritor
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