Óscar Puente no fue quien ordenó al maquinista del AVE que reanudara la marcha normal, a unos 200 kilómetros por hora, cuando otro tren continuaba detenido a poca distancia en la misma vía, como tampoco fue el autor de la deficiente soldadura entre dos raíles que provocó, según se cree, el descarrilamiento del Iryo en Adamuz con tan catastróficos resultados. No fue el autor de ninguno de los dos accidentes ferroviarios que en lo que va de año han enlutado al país, pero sí es el ministro de Transportes. Óscar Puente no es, como le infama Vox, un criminal, sino el alto empleado público que no ha logrado preservar la vida de los más de un centenar de usuarios del tren que la perdieron en Urda y Adamuz por una fatal acumulación de errores técnicos, económicos y humanos, achacables todos ellos a la gestión de Adif, vinculada al departamento que dirige, y tampoco la integridad física y psíquica de los centenares que resultaron heridos. Óscar Puente no es un homicida, pero sí un responsable político que se niega a dimitir. Se podría entender esa resistencia del ministro a asumir la responsabilidad política que le toca de la única manera coherente, dimitiendo, si por alguna razón estuviera en condiciones de asegurar la reparación del daño causado por el mal funcionamiento de la red ferroviaria, pero se trata, de una parte, de un daño imposible de revertir o reparar, y de otra, que no puede asegurar nada cuando, a consecuencia de las tragedias habidas por ese mal funcionamiento precisamente, su tiempo al frente del ministerio está a punto de extinguirse. Se podría entender, relajando mucho lo exigible a un ministro, la obcecación de Óscar Puente en permanecer al frente de lo que no debiera, pero se entiende peor, o no se entiende, la negativa de Pedro Sánchez a cesarle cuando en pocas semanas los electores encontrarán en las urnas la herramienta para hacerlo, arrastrando con él al partido gobernante.
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