Además de la agenda canaria, que ha sido la baza coloquial de los acuerdos de investidura en Madrid, se debería empezar a hablar, a efectos divulgativos, de un manual de los hechos diferenciales de Canarias, la región ultraperiférica de Europa que ejerce de frontera sur de ese gigante transnacional de 450 millones de personas que es la UE.
Entre los ítems de semejante repertorio de sobremesa de especificidades propias de las islas, sobresale, sin duda, la inmigración, el dilema ideológico del momento. Ahora mismo, asistimos a un repunte cíclico del fenómeno, que, tras el ‘alud’ de Ceuta, regresa como una cuestión divisiva entre la izquierda y la derecha, no solo en España, sino en toda Europa, dos escenarios acuartelados en vísperas electorales.
Partidos como PP y Vox pusieron el grito en el cielo tras la avalancha de marroquíes en Ceuta a finales de julio pasado. Apenas unos meses después, ya en plena descompresión de la crisis, se nos antoja grotesca la escalada política de aquellos días en que ambas fuerzas invocaban artículos de la Constitución insinuando una posible guerra con Marruecos por un acto de “invasión” del territorio nacional, en lo que parecía, a orillas de Ceuta, la gran apuesta por alcanzar el poder ‘a toda costa’.
Así, afloran recuerdos chocantes del presidente ceutí, Vivas, y el propio Feijóo, llevando de visita a sus ‘partenaires’ europeos al ‘parque temático’ del apocalipsis migratorio en la ciudad autónoma española, según la tesis de Trump, cuando era una figura todavía rampante en la heráldica ultra, antes de caer abatido en las elecciones ‘midterms’.
De esa sobreactuación del PP venimos cuando ahora, en Canarias, se registra una intensa oleada de cayucos. No cabe sospechar de un intento de invasión por parte del África Occidental, de cuyo litoral proceden estos migrantes. ¿A qué países declararíamos, entonces, la guerra? Es lo que es: otro capítulo de la diáspora migratoria que ya dura treinta años. Los canarios sí conocemos cuál es la ‘factura’ que nos hace pagar, no tanto África como la previsible España ultraconservadora, con la insolidaridad de las autonomías de PP y Vox. Una indeferencia, segregacionista de facto, que se agrava, como se sabe, con los menores no acompañados. Ese, para los canarios, es el verdadero problemón.
La oleada de cayucos que desborda a El Hierro nos interpela sobre el porvenir que nos aguardaría con ‘populares’ y ‘voxeros’ tumbando en el Congreso, desde el Gobierno, aquella reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería (de la izquierda más Junts, tras el acuerdo PSOE-CC, en marzo de 2025), con la que se desatascó un año de veto de la derecha a la derivación de los niños migrantes acogidos en Canarias, y se estableció un sistema equitativo de traslados al resto de las autonomías. Clavijo teme, según declaró a DIARIO DE AVISOS, que PP y Vox hagan del Archipiélago un “gran centro de retención de migrantes”, si gobiernan. Un aviso a navegantes.
El Consejo Interministerial extraordinario que hoy se celebra en la Moncloa -previo a la reunión del Gabinete- para hacer frente a esta nueva crisis migratoria, permite respirar con cierto alivio ante una nada novedosa contingencia, propia de nuestra contigüidad con África. De momento, no se ha mordido por estos peñascos el anzuelo del racismo ni del catastrofismo electoralista. Que a la cumbre migratoria de Madrid asistan, además de media docena de ministros coordinados por Ángel Víctor Torres, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el titular del Cabildo herreño, Alpidio Armas, da idea del calado de esta emergencia.
Canarias mereció los elogios del papa León XIV por convivir solidariamente con el azote de la inmigración sin tremendismos, gracias a estar a salvo de alianzas de signo xenófobo, que ya se han vuelto del agrado del grueso de Europa, de Meloni (Italia) a Mette Frederiksen (Dinamarca). Nuestro talante solidario ha dependido de que el gobierno de estas ínsulas lo presida Coalición Canaria y no el PP, cuyas discrepancias en materia migratoria, entre otras, han acabado arruinando la cohabitación de ambos en el poder autonómico.
La presión migratoria actual, en las postrimerías de 2026, es crítica, por la magnitud inesperada (7.000 personas en lo que va de mes) tras un período de contención que databa de 2025. En 2023 ya fue notable la llegada de 40.000 migrantes y al año siguiente se batió el récord (44.000), con un choque político inédito en España y las islas devenidas en ‘zona de internamiento’, al estilo de lo que Europa persigue, con el nuevo Reglamento de Retornos, en terceros países.
Bruselas se ha tomado la rutina de mirar para otro lado mientras el cortafuegos de Canarias bloquea el paso migratorio de África. Por eso, Sánchez anuncia en esta ocasión que instará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (democristiana alemana), y al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner (austriaco adscrito al PPE), una implicación directa de Europa para que no se repita la imagen de las islas y de España, cual verso suelto en el club, afrontando en solitario los flujos humanos de la Ruta Atlántica que lleva nuestro nombre.
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