En Canarias, una septuagenaria de 97 años, Margarita Viera, ha recibido con incredulidad la noticia del desalojo forzoso que se ejecutará este lunes, a las 11:00, de la vivienda que ocupa desde hace dos décadas en la calle Perú, en el barrio de Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria). El inquilino lleva años abonando puntualmente la renta, por lo que el anuncio judicial ha provocado una profunda injusticia familiar.
El drama familiar se complicó tras la decisión del propietario de no renovar el contrato, alegando que pretende vender el inmueble. Aunque la familia intentó proteger a Margarita, su hijo Esteban, que convive con ella junto a otro hermano con discapacidad, asumió el peso del proceso. Reconoce que mantuvieron en secreto el desahucio para evitarle preocupaciones.
Desde que se enteraron de que el alquiler no sería renovado, optaron por esperar al procedimiento judicial mientras buscaban un piso alternativo que cumpliera con dos necesidades críticas: accesibilidad y renta asequible. Sin embargo, se enfrentaron a una realidad implacable: en la zona, se topaban con la exigencia de acreditar ingresos de hasta 2.800 euros mensuales, una cifra que está fuera del alcance de Margarita.
Va a ser desalojada este lunes de la casa en la que vive hace dos décadas con un hijo discapacitado en Las Palmas de Gran Canarias
El origen del conflicto reside en una presunta estafa inmobiliaria que sufrieron años atrás. Según narra Esteban, su padre realizó un intercambio de propiedades —una permuta que incluía una vivienda en la calle Simancas— por tres pisos en un bloque nuevo que nunca se materializaron. Desde entonces, la familia sigue atrapada en las consecuencias.
Aclara que están dispuestos a pagar un alquiler «de hasta 800 euros», lo que implica 100 euros más de los que abonan en la actualidad.
Enfrentarse a un desalojo a los 97 años y con una situación económica y familiar tan compleja ha generado un clamor por justicia social. La imagen de Margarita al borde del desahucio, en una vivienda donde garantizó su estancia mediante pagos puntuales, ha generado una oleada de rechazo en redes sociales, en la comunidad vecinal y en diversos colectivos en Canarias.
El caso evidencia la falta de protección efectiva en Canarias para personas mayores vulnerables, especialmente cuando se trata de contratos de alquiler y situaciones heredadas de procesos turbios como estafas. Además, pone sobre la mesa la paradoja de residir décadas en una vivienda y enfrentarse al desamparo legal sin opciones reales de relevo ni solución habitacional viable.
Con el desalojo ya fijado para este lunes, la familia afronta el momento con gran incertidumbre. Esteban ha expresado su deseo de que se reconsidere la medida, al menos hasta encontrar una alternativa adecuada que evite que su madre, con serias limitaciones físicas, sea expulsada de un hogar donde vivió su historia y su vida en Canarias.