El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo de Coalición Canaria, ha declarado recientemente que ha llegado el momento de negociar con la Unión Europea restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago. Esta declaración fue hecha durante una sesión de control del Parlamento canario, en respuesta a una pregunta planteada por su propio partido.
Aunque la medida aún está en una fase inicial de evaluación jurídica, la posición de Clavijo responde a una creciente preocupación entre la población local por las consecuencias del aumento demográfico y la presión sobre la infraestructura y servicios públicos que esto conlleva. El gobierno regional ya ha comenzado a preparar los estudios jurídicos necesarios para formular esta propuesta ante la nueva Comisión Europea que se configurará tras las próximas elecciones europeas.
Este anuncio llega en un contexto en el que el Gobierno de Canarias, apoyado por partidos como el PP, ASG y AHI, votó en contra de una moción presentada por NC-BC que proponía limitar la compra de viviendas a extranjeros. Además, la moción incluía otras medidas como la imposición de una moratoria turística, la introducción de una ecotasa y el desarrollo urgente de legislación en materia de turismo y urbanismo adaptada a las realidades insulares y la capacidad de los servicios públicos.
El Gobierno regional en Canarias encarga un estudio para valorar las posibilidades de esta medida en el marco de la Unión Europea
Pese a esta oposición inicial, la decisión de avanzar con los estudios jurídicos muestra una apertura hacia la exploración de políticas que podrían moderar la compra de propiedades por no residentes, en un esfuerzo por proteger el acceso a la vivienda para los canarios y preservar la calidad de vida en las islas.
Clavijo ha expresado su entendimiento del «malestar y desasosiego» que siente la población debido al incremento demográfico que no ha sido acompañado de un desarrollo proporcional en servicios e infraestructuras. Ha subrayado la importancia de encontrar un equilibrio que permita mantener el atractivo turístico de Canarias mientras se mejora la calidad de vida de sus residentes.
En ese sentido ha señalado que también hay mucha vivienda cerrada en las islas e inmuebles que se dedican al alquiler vacacional o son vendidos a extranjeros que “compran a precios muy altos”.
David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha reforzado esta visión, señalando que el rápido crecimiento de la población, con un aumento de más de 500,000 habitantes en lo que va del siglo XXI, ha traído consecuencias negativas para los locales. Ha mencionado la existencia de numerosas viviendas vacías y propiedades dedicadas al alquiler vacacional o vendidas a precios elevados a compradores extranjeros como parte de los desafíos que enfrentan las islas.
Toledo también ha sugerido que Canarias podría seguir el ejemplo de países como Malta y Finlandia, que han implementado restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros. Propone que esta situación sirva como «tarea» para la próxima Comisión Europea, argumentando que la región no puede tomar estas decisiones en solitario y que es necesario coordinar acciones tanto a nivel nacional en Madrid como a nivel europeo en Bruselas.
Este debate subraya la complejidad de gestionar el crecimiento turístico y demográfico en regiones insulares como Canarias, donde la capacidad para expandir servicios e infraestructura es limitada y donde el equilibrio entre acoger turistas y proteger los intereses de los residentes locales es un asunto continuo de política pública. La propuesta de Clavijo, aunque en una etapa preliminar, refleja un intento significativo de abordar estas preocupaciones mediante la regulación y el control del mercado inmobiliario frente a un panorama globalizado cada vez más desafiante.