La crisis migratoria que vive Canarias desde agosto de 2023, cuando se declaró la emergencia migratoria, continúa marcando la agenda política y social del Archipiélago. El Gobierno autonómico asume en solitario la tutela de más de 5.000 menores migrantes no acompañados que llegan a las costas en cayucos y pateras, lo que representa un desafío económico y logístico de gran magnitud.
El coste de atender a cada menor se estima en 90 euros diarios, lo que supone un desembolso anual de aproximadamente 190 millones de euros. Aunque esta cifra pueda parecer desorbitada, en términos presupuestarios equivale al 1,63 % del total de la Comunidad Autónoma para 2025. Según datos oficiales, de ese gasto el Estado cubre 50 millones, lo que deja a Canarias con una carga de 140 millones.
El dinero se destina a garantizar derechos básicos de la infancia: manutención, educación, atención sanitaria y acceso a la justicia. Se trata de una inversión imprescindible para salvaguardar la dignidad y la integración de niños y adolescentes que llegan en condiciones extremas. Sin embargo, la presión económica ha llevado al Ejecutivo autonómico a insistir en la necesidad de una «distribución solidaria» entre las comunidades del resto de España, con el objetivo de aliviar la saturación de recursos en Canarias.
Atender a cada menor se estima en 90 euros diarios en Canarias
Pese a los esfuerzos y al refuerzo de recursos humanos y financieros, Canarias continúa siendo la puerta de entrada principal para la inmigración marítima irregular. En lo que va de 2025, han llegado a sus costas 11.883 migrantes, un 46,7 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 22.304 entradas.
Aunque la cifra refleja una disminución significativa, el número de menores sigue siendo elevado. Según Cruz Roja, en 2024 uno de cada siete migrantes rescatados en la ruta atlántica era menor de edad. El promedio de llegada fue de 19 niños y adolescentes cada día, lo que incrementó la presión sobre la red de acogida del Gobierno de Canarias.
En lo que va de año, ya han arribado 1.320 menores, lo que confirma que el fenómeno persiste. La ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo, expone a los migrantes a travesías de hasta diez días en alta mar, con embarcaciones precarias y sin apenas recursos. Muchos de los niños que llegan a Canarias lo hacen en condiciones de desnutrición, deshidratación o con secuelas físicas y psicológicas graves.
El Ejecutivo autonómico insiste en que la crisis no debe afrontarse únicamente como un reto de Canarias, sino como una cuestión de Estado. La reciente aprobación del real decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y regula la situación de contingencia permitirá, según el Gobierno regional, un reparto más equilibrado de los menores en todo el territorio nacional.
Fundaciones y asociaciones de Canarias aprovechándose del dinero público
No obstante, mientras se implementa este modelo, Canarias continúa soportando la mayor parte del peso de la emergencia. En este contexto, asociaciones y fundaciones en Canarias se han visto cuestionadas, ya que en muchos casos aprovechan este elevado coste para financiar gastos que poco tienen que ver con la atención directa al problema, además de sobrevalorar sueldos innecesarios en personal destinado al cuidado de los menores sin que el Gobierno de Canarias haga mucho al respecto.
El desafío migratorio en Canarias no solo refleja la realidad de un archipiélago fronterizo, sino que también pone de manifiesto la urgencia de coordinar esfuerzos estatales y europeos. Mientras tanto, la región sigue afrontando, con recursos limitados, una crisis humanitaria que define gran parte de su presente y condicionará su futuro inmediato.