48 horas para subir, 13 días para bajar: Clavijo pone a examen 78 gasolineras

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este miércoles en el pleno del Parlamento la campaña de inspección aleatoria que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha sobre 78 estaciones de servicio de todo el archipiélago, tras constatar que el precio del combustible se traslada al surtidor en apenas 48 o 72 horas cuando el crudo sube, pero tarda entre 10 y 13 días en bajar cuando el mercado internacional se estabiliza.

La decisión de iniciar las inspecciones la anunció el 16 de junio el vicepresidente del Ejecutivo canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, después de que los informes encargados a la Dirección General de Comercio y Consumo detectaran varias «disfunciones» en el comportamiento del mercado de carburantes. De las 499 estaciones de servicio analizadas en todo el archipiélago, el Gobierno seleccionó 78 para someterlas a un requerimiento formal de documentación.

El periodo bajo análisis abarca del 1 de enero al 25 de mayo de 2026, con una fecha que el Ejecutivo señala como bisagra: el 28 de febrero, cuando los primeros ataques sobre Irán forzaron el bloqueo del estrecho de Ormuz y los precios de los carburantes comenzaron a escalar de forma sincronizada en varias operadoras del archipiélago. Esa simultaneidad en la subida es, según el vicepresidente Domínguez, la razón principal que llevó al Gobierno a dar este segundo paso y la que podría abrir un tercero: elevar el expediente a los organismos de defensa de la competencia e imponer sanciones.

El efecto cohete y el efecto pluma, en el centro de la investigación

Los informes del Ejecutivo canario identifican como principal disfunción estructural lo que en el sector se conoce como efecto cohete y efecto pluma: subidas de precio rápidas y pronunciadas, en apenas dos o tres días, frente a bajadas muy graduales que pueden tardar entre diez y trece jornadas en reflejarse, y solo de forma parcial, en lo que pagan las familias y los autónomos en el surtidor. Esta asimetría, según el Gobierno, perjudica de forma directa al conjunto de la actividad económica canaria.

A ello se añade otro factor que el Ejecutivo considera relevante: la elevada concentración del mercado. Según las conclusiones del informe, cuatro grandes enseñas controlan el 76,7% de la red de estaciones de servicio del archipiélago, mientras que los operadores independientes tienen una presencia significativamente reducida. El Gobierno quiere determinar si esa estructura propició un comportamiento uniforme en los precios o si, por el contrario, existió algún tipo de concertación entre operadoras.

Clavijo, interpelado en el pleno por el diputado Raúl Acosta Armas, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), subrayó que la inspección no pretende «prejuzgar» a ningún establecimiento, sino «estar al servicio de la ciudadanía y proteger sus derechos». El presidente prestó especial atención a la situación de las islas no capitalinas, donde la menor población y el reducido número de operadores generan, a su juicio, condiciones próximas al monopolio que dejan a los ciudadanos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a subidas de precio.

Qué pasará con los resultados y qué pueden esperar los consumidores

La campaña inspectora se ejecutará mediante encomienda al servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Las 78 gasolineras seleccionadas recibirán un requerimiento formal para entregar documentación que explique cómo construyeron su política de precios durante el periodo analizado y si en ese proceso se respetaron los derechos de los consumidores. El examen de esa documentación tendrá una duración de un mes desde la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Una vez concluida esa fase, los resultados se remitirán al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Viceconsejería de Economía. Ese organismo podrá archivar las actuaciones o tramitar un expediente sancionador que, si así se decide, será elevado al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su resolución definitiva. El vicepresidente Domínguez fue explícito al respecto: si de la investigación se desprende que hubo una conducta irregular o un abuso, el Gobierno actuará «en consecuencia».

El diputado de AHI, Raúl Acosta Armas, respaldó la iniciativa en la sesión parlamentaria y la calificó como un «mensaje claro» a las compañías de que el Ejecutivo actúa «con firmeza» y se mantiene «vigilante» ante prácticas prohibidas. Armas también recordó la bonificación al combustible impulsada por el Gobierno como muestra del compromiso del Ejecutivo con este asunto.

Para los conductores y familias canarias, la inspección supone la primera respuesta institucional formal a un encarecimiento del carburante que muchos percibieron como desproporcionado en los meses posteriores al inicio del conflicto de Irán. La condición ultraperiférica de las islas, su dependencia del transporte marítimo y la baja presencia de operadores independientes hacen del precio del combustible una variable especialmente sensible para el coste de la vida en el archipiélago. Quienes quieran seguir el estado de los precios en las estaciones de servicio pueden consultar el portal de carburantes del Gobierno de Canarias, donde se publican las tarifas comunicadas periódicamente por las estaciones de servicio.

El plazo de un mes para la entrega de documentación marcará el siguiente hito en este proceso. Una vez recibida, la Consejería de Economía tendrá que decidir si los datos respaldan el archivo del caso o justifican abrir un expediente sancionador con posible traslado a los organismos nacionales de competencia.