El TSJC ratifica la representación de Fedeport para ocupar una plaza en el Consejo por la cuota asignada a los sectores económicos relevantes del ámbito portuario.
El Gobierno de Canarias ha vuelto a ganar la razón en el prolongado conflicto que mantenía con la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques (Asocelpa) desde el 2022 (aunque este era una continuación de otro presentado en 2013) referente al acceso a puestos reservados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas para representantes del sector empresarial. Estos asientos están destinados a organizaciones empresariales y sectores económicos relevantes del ámbito portuario.
La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso contencioso administrativo que Asocelpa interpuso en 2023 contra el Gobierno de Canarias, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y Puertos del Estado, solicitando la anulación del acuerdo del Gobierno de Canarias de 14 de Julio de 2022 , en el que se sustituía a Agustín Manrique de Lara como vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en representación de las organizaciones empresariales relevantes en el ámbito portuario por Pedro Ortega, en la misma representación.
En este sentido, el TSJC ha declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asocelpa alegando que carece de legitimación activa para impugnar el nombramiento del representante de la CCE en el consejo de Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dado que no es una organización empresarial relevante y por ende no tendría opción nunca a ocupar ese puesto.
Sin embargo Asocelpa tensa aún más la cuerda y reclama en su densa demanda el puesto que ocupa el representante de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) aduciendo que siendo ésta miembro de la CCE y dado que ya esta última cuenta con una sillón en el consejo, se produce una duplicidad en la representación, a lo que la sentencia recoge que «la representatividad de Fedeport resulta incuestionable, no solamente a la luz del informe de la Autoridad Portuaria emitido tras el primer recurso en 2013, sino también de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario 391/2013».
Y destaca también que «sobre la circunstancia de que Fedeport sea miembro de la CCE, pretendiendo que con ello ambas entidades se disuelven, convirtiéndose en la misma cosa. La Confederación Canaria de Empresarios no es más que una asociación de empresas y asociaciones empresariales que se constituyen para la promoción y defensa de los intereses que le son propios, manteniendo, como no puede ser de otra manera, la identidad de cada uno de su sus miembros. Además, con ese mismo razonamiento la propia Asocelpa quedaría excluida, por cuanto ciertas empresas que forman parte de ella, están integradas en Fedeport o incluso asociadas a la CCE, como sucede en ambos casos con Naviera Armas».
El origen del conflicto
El conflicto por los asientos del puerto se remonta a 2013. En ese momento fueron elegidos Agustín Manrique de Lara por la CCE y José Juan Ramos por Fedeport (puestos ocupados hoy por Pedro Ortega y Javier Climent, respectivamente), mientras que Asocelpa, que aspiraba a un asiento, quedó fuera y por ello inició sus recursos.
Esta situación provocó su salida de la CCE por primera vez en su historia, generando una ruptura empresarial. A día de hoy, las relaciones han mejorado ligeramente, aunque sigue sumida en litigios de los que no ha salido muy bien parada. El sector empresarial portuario, al menos una parte, confía en que algún día las aguas vuelvan a su cauce, llegando incluso a plantear la posibilidad de ver a Asocelpa en el seno de Fedeport.