Alrededor de un 5% de la población residente en Canarias salió a la calle, el pasado sábado, para manifestarse y reivindicar la limitación del crecimiento en las Islas, además de exigir un cambio en el modelo de desarrollo turístico del Archipiélago.
Las crecientes dificultades para movernos por carretera, la escasez de viviendas, las colas en los hospitales, el desbordamiento de los colegios, el deterioro de nuestro territorio, con el consumo salvaje del suelo y el desgaste del paisaje, los bajos salarios en el sector servicios, la paralización de grandes proyectos turísticos en ejecución, el encaje del turismo vacacional, la demanda de una tasa turística o, entre otros, una nueva moratoria son solo algunos de los argumentos esgrimidos por las organizaciones convocantes, escuchados en las calles de las ocho Islas.
No obstante, Canarias en su conjunto no es homogénea ni uniforme en el reconocimiento de sus problemas y de sus fortalezas y debilidades.
Los problemas sufridos en La Palma, La Gomera y El Hierro nada tienen que ver con su modelo de desarrollo, por lo que difieren del modelo y las dificultades imperantes en las islas con mayor presión del turismo de sol y playa, como son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y, lamentablemente, también La Graciosa.
Las debilidades de las llamadas Islas Verdes para incorporarse al carro del turismo de sol y playa les permite repensar ahora su modelo de crecimiento, aprovechando la experiencia de las buenas prácticas acumuladas en los últimos cuarenta años en las islas restantes y evitar la repetición de los errores cometidos en el desarrollo de éstas.
El “Basta ya” escuchado ahora en las calles de las Islas es sentido y compartido por muchas más de las casi cien mil personas que, según los datos ofrecidos por las autoridades, salieron a expresar sus inquietudes en estas manifestaciones.
El sentimiento generalizado de que somos demasiados dentro de un territorio limitado en materia de carreteras, hospitales, colegios, empleo, recursos naturales o viviendas, con una demanda creciente en todos los ámbitos. En islas como Fuerteventura, la masiva colonización foránea condena, poco a poco, la cultura, la idiosincrasia y la identidad del pueblo majorero.
Pasadas las manifestaciones, le damos vueltas y más vueltas al sentimiento compartido de agobio y pérdida de bienestar y calidad de vida.
Irresponsablemente, algunos cargan contra la actividad turística. Es decir, contra el pilar que sostiene nuestra economía. Las propuestas de creación de comisiones de estudio, con la participación de las Universidades, vuelven a estar sobre la mesa. Incluso, decisiones tomadas al calor de la protesta de una parte de la ciudadanía cercenará algunos proyectos que ayudarían en la apuesta por la diversificación económica.
Mientras tanto, muchos canarios y otros tantos ciudadanos venidos de fuera, que viven aquí y comparten nuestros problemas, esperamos con ansiedad que alguien ponga sobre la mesa el verdadero problema que tiene Canarias y del cual deriva la mayor parte de las situaciones denunciadas en las protestas ciudadanas: la superpoblación de las Islas.
Está claro que tenemos que convencer a la Unión Europea para lograr un control efectivo y un filtro en la llegada de personas al Archipiélago. Téngase en cuenta que cada año, el conjunto de las Islas crece a un ritmo de más de veintitrés mil habitantes.
La dimensión del crecimiento poblacional en la mayoría de las Islas resulta, sencillamente, inaguantable. Imaginémonos lo que significa dimensionar carreteras, construir hospitales y colegios, habilitar viviendas o facilitar puestos de trabajo si, como es el caso, Canarias crece anualmente como si repartiéramos en las Islas todos los habitantes de Gáldar, Güímar, Tías o La Oliva.
Abordar las respuestas a una buena parte de las demandas planteadas por quienes estuvieron presentes en las calles del Archipiélago -y los que, no habiendo estado, comparten también el espíritu de estas- pasa por afrontar con determinación el control del crecimiento de la población.