Francisco José Domínguez Sánchez, que hoy tiene 55 años, llevaba 30 trabajando como sepulturero en el cementerio municipal de Güímar, hasta el 9 de enero de 2019, cuando un atropello le ocasionó la invalidez absoluta.
Francisco, que cotizó durante 35 años a la Seguridad Social, aparte de sepulturero ha sido repartidor de prensa, miembro de seguridad y camarero, entre otras profesiones, cobra hoy por aquel accidente 1.200 euros mensuales y recibió unos 30.000 del seguro del automóvil que le causó el accidente cuando se dirigía aquel 9 de enero con su moto desde el cementerio a una funeraria. El accidente tiene por tanto la consideración de laboral, insiste la abogada de Francisco ante el Ayuntamiento. Sin embargo, el concejal de Seguridad, Cándido Gómez, le comunicó que no tiene derecho a indemnización, por cuanto el Consistorio de Güímar, debido a la crisis económica y las leyes de la regla de gasto, quitó en 2012 el artículo 46 del convenio colectivo del personal laboral, las ayudas sociales y, además, el seguro de invalidez o de vida (12.020,24 euros), al que ahora se quiere acoger Francisco, una vez que en 2015 se retomaron algunas de las ayudas sociales suspendidas tres años atrás, pero no los seguros.
“Todo el mundo, incluido los trabajadores del Ayuntamiento, me dicen que tengo derecho a esa indemnización”, señala amargado el afectado, quien añade que “lo único que me dijo es que fuera a Inspección de Trabajo a la calle La Marina y que lo denunciara”. Mientras el alcalde Airam Puerta avanza que “si tiene derecho, el Ayuntamiento tendrá que reconocer esa cantidad”.
Asimismo, Francisco recuerda los casi dos años que ha pasado en rehabilitación, tras permanecer tres días en la UVI, en los que “estuve entre la vida y la muerte”, tras sufrir la rotura de la clavícula, cinco costillas, el vaso y la perforación de un pulmón.
Ahora solo quiere un gesto del Consistorio para el que trabajó de sepulturero, fosero, barrendero y hasta pintor en el cementerio municipal.
Puerta aclara que el proceso de la plaza ‘ilegal’ de la Policía no es suyo
Airam Puerta, alcalde de Güímar, aclara que la plaza de Oficial de la Policía Local, que la Justicia ha declarado ilegal, se inició por un procedimiento administrativo en el que él no participó. “Esta Alcaldía ni intervino ni ha sido responsable del procedimiento que se menciona por parte de la formación sindical SPPLB, aunque nos ha tocado apechugar, como en otras ocasiones, con la gestión del anterior Gobierno local”, señala.
