Una empresa participada al 100% con dinero público, Canalink África, originó una deuda de 3.039.584,61 euros por intereses de demora al retrasarse en los pagos correspondientes al Sistema ACE (Africa Coast to Europe), un consorcio internacional con el que se contrató para conectar el cable submarino de telecomunicaciones que une Tenerife con Rota y las islas de La Palma y Gran Canaria con África y en el que están implicados numerosos países del continente vecino y France Telecom.
En un informe en el que finalmente dio el visto bueno a la operación, la Intervención General apuntó que semejante gasto en intereses de demora se podía deber a dos posibilidades: o se trata de una deficiente gestión de recursos tanto públicos como privados o, simplemente, las empresas públicas no cuentan con la liquidez suficiente y tienen que acudir habitualmente al crédito financiero para hacer frente a los costes, con lo que ello conlleva.
Como no podía ser de otra manera, tan escandaloso montante por un mero retraso en los pagos fuerza a la Intervención General a recordar en su informe que este tipo de proceder “incumple los principios sobre economía y eficiencia que toda acción pública debe detentar”.
Empresa ‘fantasma’
Pero hay más. La propia existencia de Canalink África, una instrumental con mayoría del Cabildo a través de su empresa Canalink S. L., es cuando menos discutible. En primer lugar, la propia Intervención General explica en su informe que desconocía que Canalink África fuera parte del sector público local hasta mediados del ejercicio 2014, cuando su constitución data del 15 de mayo de 2012. En segundo lugar -pero no menos importante-, la Ley de Bases del Régimen Local prohíbe la creación de este tipo de sociedades instrumentales de segundo nivel como la citada. Es decir: se considera adecuado que el Cabildo cree Canalink, pero no que esta a su vez cree Canalink África.
Tal cambio en la norma, que busca la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, es bien conocido por el Cabildo, que ya tuvo que suprimir un buen número de estas sociedades instrumentales, como por ejemplo Sociedades Eléctricas Insulares, SLU, Solten III Arico, Fundación Canaria ITER o Agencia Insular de Energía. Los hechos que nos ocupan tienen lugar entre los meses de febrero y abril del año pasado, cuando llegan al Cabildo dos propuestas de financiación: una incluye el pago de esos tres millones por intereses de demora y la otra pretende oficializar una oscura operación de refinanciación que se eleva a los 26 millones, tal y como se detalla en la documentación oficial cuyo contenido desvela hoy DIARIO DE AVISOS.
Dicha operación de refinanciación multimillonaria consiste en solicitar un aval por parte de ITER S. A. (otra empresa del Cabildo) a favor de Canalink S. L. por importe de los referidos 26 millones para refinanciar (entre otros menesteres) una deuda de 14 millones con Bankia. En realidad, Canalink firmó con fecha del 13 de febrero de 2015 un préstamo con el Santander a tal fin en el que se pone como garante a ITER S. A., una operación ilegal al no pedirse la preceptiva autorización que exige la legislación vigente.
Esos 26 millones de euros tenían como destino varias partidas. Por un lado, refinanciar una deuda con Bankia por importe de 14.693.401 euros que incluye una reducción del tipo de interés (que pasa a 1,077% (actualmente Euribor más 4%). Por otra, ampliar en cinco años más la cancelación del préstamo, en concreto para 2013 (actualmente 2018) con cuotas de amortización de capital de 1,625 millones anuales. Además de esta operación, se pretende concertar un nuevo crédito por 11.306.599 euros.
Contundente respuesta
La respuesta desde el Cabildo tinerfeño no pudo ser más contundente. Por una parte, la Intervención General informó desfavorablemente sobre la operación de refinanciación, lo que motivó a la Presidencia a ordenar la inmediata cancelación del préstamo con el Santander en su respuesta, dictada dos meses después (abril de 2015) de que se presentase la solicitud. Si bien se autoriza la operación de 11 millones que incluye los tres a pagar por intereses de demora y a que ITER S. A. avale la operación, también se acuerda terminar de una vez los pagos al Consorcio de ACE, cuyos incumplimientos originaron tales intereses. Cabe recordar que la aportación del Cabildo a ACE suma un total de 25 millones de dólares.
En cuanto a la operación con el Santander, se insta a su cancelación solo en lo concerniente a los 14 millones previstos para refinanciar la deuda con Bankia, argumentando para ello el citado incumplimiento de solicitud de la preceptiva autorización que dispone la Base 73 de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife y el artículo 54 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El papel de Hacienda
En cuanto al papel jugado por el Área de Hacienda del Cabildo, hay que reseñar que también informó sobre las controvertidas peticiones efectuadas por Canalink S. L. en febrero de 2015.
Aunque en general su informe incluye las mismas consideraciones que la Intervención General y que después hace suyas la Presidencia, sí merece la pena destacar dos circunstancias.
Por un lado está la exigencia que se realiza a Canalink a que “una vez haya hecho frente tanto a la deuda del Consorcio ACE como con el ITER remita [el verbo está escrito en mayúscula y con negrita en el original] al Servicio de Gestión Financiera y Tesorería de este Cabildo Insular justificantes de la liquidación de dichas deudas por los importes finales resultantes”.
Además de autorizar a ITER para que actúe como fiador solidario de la operación de los 11.306.599 euros, también le insta a que cancele “al menos parte de las operaciones financieras concertadas para financiar los pagos” a ACE, mientras que deja la decisión sobre los 14 millones al Consejo de Gobierno.
Un plan excelente y clave para la conectividad de toda Canarias
Bajo el liderazgo del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Proyecto ALIX es la gran apuesta tecnológica de Tenerife, a tal punto que se estima que gracias al mismo Canarias se adelantará en 20 años al resto de territorios ultraperiféricos europeos, así como que se trata del plan estratégico más importante de las Islas en los últimos 50 años n
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