Bajo la Cuesta provoca la primera grieta entre socialistas y nacionalistas en Candelaria

La moción de Vecinos por Candelaria, que pedía la declaración de emergencia de las obras y aplazar el desalojo, no salió adelante pese a votar a favor dos ediles de CC junto a la oposición

El pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta, al lado de la central eléctrica de Endesa, será desalojado esta mañana tras no prosperar una moción de Vecinos por Candelaria que solicitaba el aplazamiento del decreto y la declaración de emergencia de las obras a realizar en el talud para garantizar la seguridad del mismo.
Esta moción, defendida por José Fernando Gómez, produjo la primera grieta seria en el pacto de gobierno entre socialistas y nacionalistas en Candelaria, al votar a favor de la misma dos ediles de CC, Vaitiare Rodríguez y Romen Mantecón. La moción no salió adelante por 11 votos en contra (los 8 ediles del PSOE y 3 de CC) y 10 a favor, toda la oposición (4 del PP, 3 de Sí se puede y uno de VxC, más los dos ediles de CC que rompieron la disciplina de voto).

 

 

Durante el debate de la moción, que fue el último punto del orden del día de un pleno que se alargó más allá de las seis horas, se vivieron momentos de elevada tensión que terminaron finalmente, tras la votación, con el desalojo por parte de la Policía Local de algunos del centenar de vecinos de Bajo la Cuesta que increpaban a los concejales que habían votado en contra, con especial énfasis hacia la alcaldesa y los tres concejales nacionalistas (Juan Carlos Armas, Carlos Sabina y Joanna Guanche), mientras agradecían a Vaitiare Rodríguez y Romen Mantecón que hubieran votado a favor, junto a la oposición, vitoreada durante toda la sesión, incluso cuando se debatían mociones que nada tenían que ver con Bajo la Cuesta.

 

 

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Zaida Maritza Navarro Trujillo, concejal del Grupo Popular | FOTO:  Fran Pallero

El primer punto del orden del día del pleno de ayer fue la toma de posesión de Zaida Maritza Navarro Trujillo como concejal del Grupo Popular, tras la renuncia de René Marrero que entregó su acta

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La moción de José Fernando Gómez, que se ayudó con diapositivas, quería demostrar que se podía haber declarado las obras en el talud de emergencia y así el Ayuntamiento se podía hacer cargo de las mismas sin tener que esperar meses a que se resuelva, como se pronostica por parte del secretario municipal, el expediente de uno de los propietarios, Dani Ran, que no ha podido ser notificado, tras siete meses sin resolver un expediente que finalmente caducó, entre otras razones, según el secretario, por “la falta de personal jurídico en Urbanismo”.

 

El portavoz y único concejal de Vecinos por Candelaria presentó además un proyecto de una empresa canaria en la que se comprometía a realizar las obras en tres meses con un coste de 698.565,12 euros y sin necesidad de desalojar a todo el barrio, sino por tramos, proponiendo además que los vecinos fueran alojados en el hotel Punta del Rey con un coste mensual de 10.800 euros, cuatro habitaciones y pensión completa.

Aunque Gómez dijo que el secretario en su informe consideraba desproporcionado el desalojo y admitía la emergencia, éste le contestó que tal y como se ha hecho el procedimiento “solo se puede ejecutar por emergencia cuando el Ayuntamiento haga la obra por ejecución subsidiaria, si no aparece el otro propietario del talud”, añadiendo que “el desalojo no se puede parar hoy porque eso sería un desacato al juez”, afirmó Octavio Fernández.

José Fernando Gómez, dirigiéndose a los ediles del PSOE y CC, les invitó a votar a favor porque de los contrario “acudiré a Fiscalía para denunciarles por prevaricación”, una maniobra que no es nueva en el comportamiento de quien fue expulsado del PP por defender Cho Vito ante el derribo ejecutado por Costas.

Unanimidad

Con anterioridad se debatió largamente una moción del grupo de Gobierno en la que se pedía a las administraciones supramunicipales ayudas económicas para hacer frente a los gastos del desalojo de Bajo la Cuesta. Aunque el debate fue extenso y tenso, la moción salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos, siendo ésta la primera vez que gobierno y oposición recibían los aplausos de los vecinos.

La alcaldesa, Mari Brito, manifestó que las obras “las harán los propietarios porque no se puede invertir dinero público en suelo privado. No es cierto que haya proyecto de edificación en esa zona dentro del PGO sólo en el terreno que ocupa hoy la central de Endesa; no yo tengo culpa que Bajo la Cuesta esté en el dominio marítimo-terrestre”, alegó.

José Fernando Gómez afirmó que “ustedes no tienen ni idea de lo que significa abandonar una casa. Les invito que me acompañen a Bajo la Cuesta a cargar sus vidas en una caja”.

Mayca Coello, de Sí se puede, insistió en el mal procedimiento llevado acabo por no haber declarado la obra de emergencia : “Hay emergencia para el desalojo y no para actuar en el talud, es una situación kafkiana”, señaló.

Juanmi Olivera, del Partido Popular también comentó en el mal procedimiento del desalojo y tras anunciar que “nadie ha hablado con Costas” y aseguró que desde Costas no habrá oposición alguna a las obras en el talud.

 

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Alduán admite errores en el expediente de Dani Ran y pone su cargo a disposición de Brito

El concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, puso su cargo a disposición de la alcaldesa al responsabilizarse del retraso en el procedimiento del expediente de uno de los propietarios del talud, la inmobiliaria Dani Ran. Alduán admitió que la caducidad del expediente del segundo propietario del talud a reparar en Bajo la Cuesta se debió a “un retraso considerable” y reconoció que la “Oficina Técnica no ha estado a la altura”, asumiendo en primera persona la responsabilidad , “lo que traslado a la alcaldesa para lo que estime oportuno”, que todos tradujeron como un amago de dimisión.

Eso sí, en contestación a José Fernando Gómez, concejal de Vecinos por Candelaria, afirmó que “equivocarse no es actuar de mala fe” y atribuyó la caducidad del expediente de Dani Ran, tras siete meses parado (del 28 de diciembre de 2015 a julio de 2016), “a la falta de personal en la Oficina Técnica”, tal como y también había alegado el secretario municipal, Octavo Fernández, quien por otra parte dejó claro que “no tengo nada que ver con ese expediente, porque eso lo llevó Urbanismo”, dijo.

Fernando Alduán, concejal de Educación y Urbanismo, esta última un área que nadie quería coger en el reparto de áreas del pacto PSOE-CC, insistió que “si las obras no están declarada de emergencia es porque los informe jurídicos así se nos han impuesto” e insistió que “nada ha cambiando hoy en la situación de de Bajo la Cuesta para retrasar el desalojo, porque las cuestiones de inseguridad sigue siendo las mismas”, remarcó el concejal.

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