La distribución de los recursos liberados del IGTE y la gestión de los fondos de empleo, así como el proyecto de la Ley del Suelo han situado en el primer plano de la actualidad y de la estrategia política el papel que desempeñan los cabildos en la estructura administrativa de Canarias. Con un marco legislativo propio, al igual que los municipios, su participación en el Parlamento está reconocido por el Estatuto (artículo 12.3) y regulada por el reglamento de la Cámara. Lo hacen a través de dos vías: la Comisión General de Cabildos Insulares y las proposiciones de ley. La más reciente de estas iniciativas ha estado envuelta en la controversia: de La Palma sobre el desarrollo turístico de las islas periféricas occidentales: además de la proponente, La Gomera y El Hierro. Los grupos gubernamentales (CC-PSOE) fueron acusados de alterar su espíritu durante la tramitación, con el apoyo del PP y ASG. De hecho, se cambió la exposición de motivos. Medio millar de denuncias particulares han sido entregadas en la oficina de la Comisión Europea en Madrid para que investigue las presuntas “irregularidades” cometidas.
Los cabildos son, formalmente, “instituciones de la Comunidad Autónoma”, además de “órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente” la región.
La referida comisión parlamentaria encauza la representación de las corporaciones insulares. De carácter consultivo e informativo, sus funciones abarcan desde la emisión de un informe sobre los proyectos y proposiciones de ley en materia de organización territorial de Canarias hasta la atribución de competencias, pasando por el Fondo de Solidaridad Interinsular o la modificación de los criterios de reparto de los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF). Cualquier Cabildo podrá solicitar la convocatoria de la comisión y la inclusión de un asunto determinado. Los presidentes de estas entidades locales y al menos un miembro del Ejecutivo asistirán, con voz, a las reuniones, a las que serán convocados de igual forma que los diputados.
En paralelo, los cabildos están organizados en la Federación Canaria de Islas (FECAI), con una presidencia rotatoria de seis meses. El turno lo ocupa desde julio el gomero Casimiro Curbelo (ASG), que abandera la defensa de la triple paridad, la chispa que encendió la mecha de uno de los barriles que están a punto de explotar bajo la mesa del bipartito (CC-PSOE). Sustituyó al grancanario Antonio Morales (NC), su antagonista en esta reivindicación: histórica para uno y rancia para el otro. Sí hacen piña para reforzar a los cabildos al socaire de la debilidad del Gobierno.
La triple paridad dispara las alarmas de la estabilidad del Ejecutivo regional
El de ahora no es el primer conflicto de intereses entre los cabildos y el Gobierno de Canarias. Ni será el último, seguramente. Sin embargo, la crisis desatada entre los dos socios de la coalición confiere un efecto de perniciosas consecuencias. Eso es así porque el PSOE da por superada la triple paridad y a los prominentes cargos públicos de CC les achacan el resurgir del pleito insular. No solo por el IGTE, sino también por la sanidad, las carreteras, el gas y algo más que habrá por ahí.
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