Seguridad frente a intimidad, el dilema de las cámaras del García Sanabria

¿Qué debe primar en una sociedad democrática, el derecho a la intimidad o el derecho a la seguridad? Esta pregunta tiene una difícil respuesta y la que da el Delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, se acerca mucho a lo políticamente correcto: “Debe haber un equilibro entre ambos derechos”. Y es que eso es lo que, asegura el delegado, hace la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias, órgano encargado de decidir qué debe primar a la hora de autorizar o no este tipo de cámaras.

En Santa Cruz de Tenerife no existe ningún tipo de sistema de videovigilancia (en ninguna calle o zona de la capital), el único punto en el que se han instalado cámaras, una veintena, es en el parque García Sanabria. Una decisión que se tomó con la reforma a la que fue sometido este amplio espacio de ocio capitalino en 2006 y que, sorprendentemente, se ejecutó sin esperar a tener la autorización de este órgano técnico para instalarlas. El resultado es que, seis años más tarde, siguen sin funcionar porque el Ayuntamiento aún no ha proporcionado suficientes motivos para que la comisión considere que uno de los derechos, el de seguridad prime sobre el de intimidad.

Así lo resume Hernández Bento quien se muestra partidario de los sistemas de videovigilancia, “sea cual sea el índice de delitos” porque “además de facilitar la labor de la policía, son disuasorios”. Asegura que así se lo ha expresado, “siempre que he tenido ocasión”, al fiscal general de Canarias y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dos de los miembros que conforman la comisión técnica. Además de estos dos cargos, también la forman un representante de la abogacía del Estado, un miembro de la Federación Canaria de Municipios “que casi nunca acude” y un representante de la delegación.

“Es esa comisión la que, en base a unos informes técnicos que emite tanto la Policía Local como la Policía Nacional, decide si se instalan o no las cámaras”, detalla el delegado del Gobierno. Esta comisión técnica decide en base a dos criterios: salvaguardar el derecho a la intimidad de los ciudadanos y la obligación de la administración de proteger los derechos de los ciudadanos. En este punto, Hernández Bento, señala que, en el caso del García Sanabria, “los informes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife nos dicen que no hay especial incidencia desde el punto de vista de actos delictivos”.

Y es que, según los datos de la propia Policía Local, en el parque, desde 2010 y hasta 2014, se han realizado 53 servicios relacionados con actos vandálicos, 56 por daños al mobiliario urbano, 13 por agresiones, dos detenciones, 30 identificaciones, 33 relacionados con menores y ocho más por robo. “Es cierto que el Ayuntamiento ha insistido mucho en la activación de las cámaras, además de por la problemática que se pueda producir en el parque por hurtos, robos o alguna pelea, por una cuestión que es el daño al patrimonio o mobiliario municipal”, reconoce el delegado en base a los datos de la Policía Local. “Dado que es el principal motivo por el que se solicita la autorización, se les pidió, en el último informe que tenemos, que cuantificaran los daños en el García Sanabria y los cifraron en 8.000 euros”.

Hernández Bento detalla que, con toda la información proporcionada, no solo por el Ayuntamiento sino también por la Policía Nacional, “la comisión entiende que pesa más el derecho a la intimidad de las personas que hacen uso todos los días de ese parque, que el derecho a la seguridad, porque no hay una especial situación de alarma respecto a delitos que se puedan estar produciendo en ese ámbito”.

“La realidad es que, en Santa Cruz , según los informes que disponemos de la Policía Nacional, donde se establecen lo que denominamos puntos calientes, aquellos donde se cometen mayor número de delitos, el parque García Sanabria, desde luego no es uno de esos puntos calientes”, añade Hernández Bento.

INFORMES DETALLADOS

Desde la Delegación del Gobierno se insiste en que la Policía Nacional hace informes exhaustivos sobre esas zonas con mayores problemas, ya sea clasificándolos por franja horaria, por números de denuncias o daños provocados. “Es un trabajo exhaustivo y a la Policía Local se le pide lo mismo, de forma que la comisión técnica pueda decidir y lo cierto es que, en concreto los del parque de la Policía Local, por decirlo de alguna forma, son muy mejorables desde el punto de vista de la justificación”, reseña el delegado del Gobierno.

Hernández Bento se mostró conciliador con el Ayuntamiento de Santa cruz, “si hay mucho interés a lo mejor habría que buscar una fórmula para una mejor justificación como por ejemplo no pedirlo para todo el parque y solo pedir la activación de las cámaras para aquellos puntos donde haya mayor concentración de la problemática”. “En Las Palmas en el parque de La Música, en Las Canteras, se autorizó la activación de las cámaras solo por la noche, por que por el día no hay problemas, solo por la noche”, ejemplifica el delegado del Gobierno.

Preguntado por qué se autoriza la activación de cámaras en Las Palmas, el delegado da motivos de peso. “En las zonas en las que se ha autorizado el uso de esas cámaras, hay unos informes donde se recoge que la actividad de determinadas bandas en temas de robos a comercios, hurtos, botellones nocturnos están causando un importante problema de seguridad ciudadana y eso es lo que la comisión ha autorizado”.

Puntos de acceso, por horas o solo algunas de las cámaras

El delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, mantuvo el pasado jueves una reunión con la edil de Seguridad de Santa Cruz, Zaida González, para abordar el tema de las cámaras del García Sanabria. Enrique Hernández Bento ofreció a su compañera de partido las claves para que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia pueda autorizar la activación de la veintena de cámaras del recinto. Entre las opciones ofrecidas está la de no pedir la activación de todas las cámaras sino algunas como los puntos de acceso o donde más delitos se concentran. También es una opción pedir solo que se puedan encender por la noche además de, elaborar unos informes por parte de la Policía Local lo suficientemente completos para que se autoricen.