Los siete empleados de Autogrúas Poli a los que el Ayuntamiento de La Laguna facilitó quedarse con el servicio municipal ni siquiera tenían los permisos preceptivos para este tipo de vehículos, según consta en distintos documentos oficiales que obran en poder de DIARIO DE AVISOS, a tal punto que desde el propio Consistorio se ha reconocido esta circunstancia. El actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), era alcalde de La Laguna durante los años en que tuvieron lugar estos hechos, mientras que su sucesor, José Alberto Díaz (CC), era el concejal del área en cuestión. El llamado caso Grúas es objeto de una comisión de estudio municipal que, tras un año sin actividad de relevancia, parece al fin ponerse manos a la obra en estos días. Cabe recordar que los siete trabajadores son descritos por dos de sus antiguos compañeros como “amigos” o, cuanto menos, “afines” al entonces alcalde Fernando Clavijo.
La ausencia de los permisos preceptivos no es la única irregularidad que supuestamente se produjo en esta polémica etapa de las grúas en la Ciudad de los Adelantados, por cuanto otros requisitos para conceder dicha concesión tampoco se cumplieron, como, por ejemplo, el abono puntual de los salarios a unos empleados que vieron como sus nóminas llegaron a demorarse durante varios meses.
Como ya relató este periódico, el anterior titular de la concesión, José Padilla, denunció en su día ante la Guardia Civil (aportando la debida documentación) que el Ayuntamiento retrasó los pagos acordados en el contrato hasta alcanzar una suma que supera los 200.000 euros, y que semejante lastre financiero le forzó a vender a este grupo de empleados. Hay que añadir que dicha denuncia fue finalmente archivada, y ahora debe ser la comisión municipal la que estudie si hay responsabilidades políticas por este caso.
Sea como fuere, Padilla demostró en el juzgado que a los dos días de formalizar en 2011 la venta al grupo de los siete, al fin se ingresaron las cantidades pendientes. Sorprendentemente, los problemas económicos de la empresa no solo no se resolvieron con semejante inyección económica, sino que, incluso, se agravaron con el paso del tiempo.
Al borde del precipicio
Fue tal el caos en esta etapa que el Ayuntamiento tuvo que intervenir la empresa en 2014 ante una deriva económica terrible. Aunque todo apuntaba al rescate del servicio, la irrupción en 2015 de un conocido empresario del sector, José Luis Tacoronte, evitó el temido desenlace al hacerse cargo de la concesión, para lo cual afrontó deudas que superaban con creces el medio millón de euros.
Básicamente son tres los supuestos incumplimientos que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2015, el periodo en que los titulares de la concesión del servicio de las grúas municipales laguneras estuvo en manos de estas siete personas.
Sin permisos
El primero de tales incumplimientos es que los nuevos responsables de la concesión carecían de la llamada tarjeta de transporte, que es el documento habilitante para poder ejercer legalmente este tipo de actividades. El alcalde actual, José Alberto Díaz, ha reconocido tan notable irregularidad hasta en uno de los plenos en que se ha tratado este tema. Además, el director general de la correspondiente área municipal en esos años, Alejandro Cordero, requirió por escrito a la empresa en al menos tres ocasiones que presentasen tal documentación.
Dichos escritos, que llevan membrete oficial del Ayuntamiento, están fechados el 4 de noviembre de 2013, y el 22 y 30 de enero de 2015, y están dirigidos a los entonces titulares de la concesionaria. En ellos, Cordero desvela que el propio Cabildo de Tenerife conoce que las autorizaciones de la etapa anterior “han decaído y, por tanto, no pueden proceder a la retirada de vehículos en la vía”.
Concretamente, es el Servicio de Movilidad (Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad del Cabildo tinerfeño) el órgano que denuncia tal anomalía ante la administración municipal lagunera. Cabe resaltar que dos de los requerimientos en cuestión pertenecen a la etapa en la que ya el servicio estaba intervenido desde el Ayuntamiento.
La segunda irregularidad manifiesta pasa por el impago de salarios a los trabajadores de la empresa, o cuanto menos a la mayoría de los mismos. La demora en los sueldos llegó a sumar un total de 12 meses para desesperación de los afectados. Sin embargo, la concesionaria tiene la obligación de presentar en el Ayuntamiento un justificante del abono de las nóminas antes del día 15 de cada mes, tal y como fija el contrato que estipula el acuerdo con la administración para que permita a una empresa prestar este servicio de carácter público.
Los retrasos en las nóminas también tienen especial importancia en el caso Grúas, por cuanto se sospecha que los mismos están en el origen de la presunta venta de piezas extraídas ilegalmente de vehículos retirados en la vía pública, un asunto que se encuentra judicializado en la actualidad y del que hay imágenes y hasta anuncios en Internet, donde figura el número de uno de los teléfonos corporativos de Autogrúas Poli, tal y como se informó con detalle en la edición de ayer.
En cuanto a la tercera irregularidad, no menos importante que las dos anteriores, tiene que ver con que la concesionaria dejó de pagar durante este periodo tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, lo que condujo a varios embargos por parte de estos organismos. Como ya se explicó en el tema de los sueldos, estar al día de estos pagos es uno de los requisitos imprescindibles para conceder este servicio de las grúas municipales laguneras. No obstante, el Ayuntamiento tampoco rompió el contrato ante este nuevo incumplimiento, a pesar de que estaba al corriente del mismo, ya que la empresa debía presentar justificante de que cumplía con sus obligaciones fiscales antes del día 15 de cada mes.
El Consistorio renovó la concesión, a pesar de que la empresa ya estaba intervenida por sus deudas
El Ayuntamiento de La Laguna renovó la concesión del servicio de grúas municipal a los mismos titulares que habían acumulado tales deudas que el propio Consistorio tenía intervenida la gestión de la misma. Dicha renovación se produjo a mediados de 2014, cuando los responsables municipales ya llevaban cerca de medio año controlando directamente Autogrúas Poli para evitar que los impagos acumulados derivasen en la quiebra y, por ende, los vecinos de la tercera ciudad de Canarias se quedasen sin servicio de grúas. Aunque el Ayuntamiento cumplió religiosamente con los abonos mensuales a la concesionaria desde que en 2011 un grupo de siete empleados se pusiera al frente de la misma, su situación económica empeoró con tal celeridad que los empleados estuvieron hasta doce meses sin cobrar y los embargos se sucedieron durante los años siguientes.
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