La Unión Europea, a través de su Dirección General de Medio Ambiente y de Apoyo a los Estados Miembros, ha abierto una investigación de oficio sobre la conocida ya popularmente como Ley de las Islas Verdes. Dicho de otra forma, revisa las contradicciones que pueden existen con la modificación de la Ley 6/2002 para El Hierro, La Gomera y La Palma, cuyo objeto regular un modelo territorial de desarrollo turístico específico para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y que preservó el paisaje como elemento identificador de la oferta turística, pero que al mismo tiempo bloqueó la llegada de inversión y el crecimiento urbanístico.
La puerta abierta por el Gobierno de Canarias para posibilitar, a través de esta Ley, el desarrollo turístico de las tres islas “menores” frente al crecimiento de la oferta hotelera del resto de la región, tiene ahora que pasar por el “tamiz” del derecho comunitario medioambiental, no expresamente por la denuncia de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible que se presentó el pasado junio en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, sino porque la propia Comisión, antes incluso de recibir la denuncia, actuó de oficio y se encuentra inmersa en un proceso de investigación que podría dar al traste con esta medida legislativa largamente anhelada por las patronales insulares, y defendida con vehemencia por la clase política, de la que solo se desmarcan Nueva Canarias, Izquierda Unida y Podemos.
En una carta remitida a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, el Jefe de Unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, y desde el departamento que presta apoyo en materia medioambiental a los Estados Miembros, Ion Codesa, detalla que el supuesto “incumplimiento” que denuncian desde la Plataforma, se habría producido mediante la reforma de la Ley 2/2002 sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de La Palma, La Gomera y El Hierro”, un supuesto que investigan junto a otras posibles contradicciones en la denominada Ley de Islas Verdes con la normativa europea medioambiental, y que va más allá abordando, detalla Codesa, “aspectos sobre la compatibilidad de ciertas figuras o instrumentos urbanísticos con la legislación comunitaria de impacto ambiental”.
Los miembros de la Plataforma denunciaron meses atrás en La Palma su firme intención de intentar frenar la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes, que calificaron como “la mayor ofensiva de los poderes económicos frente a la enorme debilidad institucional para eliminar las herramientas de control de la legalidad urbanística y destruir el control de la administración sobre el territorio”.
Este argumento choca frontalmente contra el posicionamiento del Gobierno de Canarias, los ayuntamientos palmeros en particular y canarios en general, que defienden que estas normativas de ámbito autonómico “sintetiza la maraña normativa y facilita mucho las cosas a la Administración y al ciudadano”, así como que permite “incorporar fondos públicos para una mayor dotación económica destinados a fortalecer las oficinas técnicas municipales, garantizando así que las competencias en planificación que van a asumir puedan salir adelante con garantías y con celeridad”.
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