Dos sentencias del Tribunal Supremo han disparado la preocupación entre los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) en Canarias. Y no porque vayan a perder la cobertura sanitaria, que en España es universal, sino por el grado de confusión que se ha creado -la incertidumbre alimenta la inquietud- después de que el Gobierno regional ganara sendas demandas relativas a la denuncia de los conciertos de 1985 y 1995 para ofrecer asistencia a los afiliados a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) y la Judicial (Mugeju). Una semana antes, el Supremo emitió otra en idéntico sentido respecto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en vigor desde 1986.
Si bien el Servicio Canario de la Salud (SCS) garantiza el cumplimiento de su compromiso con los afiliados a la Muface que hayan optado por acogerse a la Seguridad Social, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) recuerda que no se les está haciendo ningún favor. Ana Gutiérrez, representante de los trabajadores en la AGE, recalca que “esa es la obligación de un organismo público, que recibe parte de la recaudación del IRPF que llega a la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, arguye, “actúa como si fuese una entidad privada”. Gutérrez se confiesa “aliviada” tras conocer las intenciones del SCS. “No recurre [el Ejecutivo canario] a la Justicia porque las leyes sean antiguas, sino porque quiere más dinero”. Aunque no cuestiona la profesionalidad del personal sanitario, la sindicalista rechaza la práctica de mandar la factura a los funcionarios que no están adscritos a la Seguridad Social: “Que se las entiendan el Servicio Canario de la Salud y la Muface”. La situación en las islas no capitalinas es “sangrante”, advierte Ana Gutiérrez, pues “las empresas privadas no suelen tener urgencias y los afectados dependen de la misericordia”. Pero la culpa no es exclusiva del SCS. “La Muface también debe asumir su responsabilidad, porque estaba al tanto”.
El mutualismo administrativo fue creado en 1975 para agrupar a los funcionarios civiles y de las Fuerzas Armadas. Hasta entonces estaban excluidos de la Seguridad Social y tenían que pagan un seguro privado. En la actualidad, Muface es un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En el Archipiélago hay 24.205 empleados públicos de la AGE, pero no todos están en la Muface y sí permanecen, en cambio, algunos de los que en su momento fueron transferidos a la Administración autonómica.
Desde 2011, los funcionarios entran directamente en el régimen común de la Seguridad Social y cada año pueden elegir la prestación a través de Muface o del sistema sanitario público.
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