El Tribunal Supremo, en dos sentencias, ha dado la razón al Gobierno de Canarias en su denuncia de los conciertos de 1985 y 1995 que le obligaban a ofrecer asistencia sanitaria a los afiliados a la Mutualidad General Judicial y a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
El Supremo da la razón a la Comunidad Autónoma al igual que hizo en otra sentencia dada a conocer hace una semana que dejaba sin acceso a la sanidad pública a los militares y guardias civiles destinados en Canarias, pues el fallo anula el convenio suscrito en 1986 con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Con esta decisión, el alto tribunal estima los recursos presentados por la Comunidad Autónoma en 2012 y revoca una sentencia anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había dado la razón a la Administración General del Estado, al entender que no tenía la suficiente motivación.
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