El Cabildo de Tenerife autorizó pagos por más de 204 millones de euros en 2015 pese a que la Intervención General de la Corporación insular advirtió de diferentes irregularidades en la tramitación de los expedientes, según hizo público ayer el grupo de Podemos a partir del informe de fiscalización económica correspondiente a ese año. Hasta 64 reparos del interventor los levantó por decreto el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), lo que permitió desbloquear operaciones por valor total de 201.096.281 euros. El pleno del Cabildo levantó otros 12 reparos de legalidad, por un montante de 2.654.338 millones. A final de dicho año solo quedaban por validar, bien por decreto, bien por acuerdo plenario, el pago de 680.056 euros que se habían topado en total con nueve reparos.
Podemos presentará el viernes en el pleno del Cabildo una pregunta relativa a este asunto, como primera iniciativa, y en los próximos días comenzará a solicitar los expedientes completos de los gastos con vicios de ilegalidad, a juicio del interventor, que considere más llamativos. Caso de detectar indicios de delito, Podemos lo pondría en conocimiento de la Fiscalía, si bien se centrará ahora en conocer a fondo la documentación “para intentar entender lo que ha ocurrido”.
El gasto de mayor cuantía con el criterio en contra del interventor guarda relación con una operación financiera de más de 188,7 millones, seguido de otro de 14,8 millones referidos a incumplimientos sobre contratación de obras, servicios y suministros, así como encomiendas de gestión, convenios y subvenciones, muchas asignadas de forma directa por el Gobierno insular de CC y PSOE”, siempre según los datos facilitados por Podemos.
En cuanto a las principales irregularidades detectadas por Intervención, Podemos destaca “el otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública” (la anomalía más frecuente) y la “falta de de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”. Añade Podemos que también abundan las advertencias a gastos “que bajo el concepto de representativos o protocolarios, encierran verdaderas subvenciones en especie”. Además, el interventor pone en el punto de mira contratos menores y de patrocinio, así como los convenios de colaboración, “que dada su naturaleza y contenido, deberían quedar sometidos a la Ley General de Subvenciones”.
También son muchas las referencias técnicas a “ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en la Seguridad Social”, a“falta de adecuada justificación del gasto de acuerdo con la finalidad para la que fue concedida” la subvención y, asimismo, a “no someterse a las obligaciones de publicidad” que marca la legislación sobre subvenciones.
Por áreas de gobierno, la de Presidencia fue la que más informes en contra tuvo del interventor, con 20 advertencias de vulneración legal. Le siguió, con 14 reparos, Innovación, Educación, Cultura y Deportes; con 10, Turismo, Internacionalización y Acción Exterior; con 9, Empleo, Comercio y Desarrollo Económico, y 8, Agricultura, Ganadería y Pesca. Otras 5 consejerías tuvieron entre 4 y 2 reparos.
El portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, tachó de “absolutamente preocupante y escandalosos tanto la cuantía total de los gastos irregulares de fondo, como el tipo de reparos de legalidad formulados por Intervención”. Y eso, apuntó, que el informe no incluye posibles anomalías en organismos públicos, sociedades, consorcios y fundaciones del Cabildo, con lo que la suma de dinero gastado en contra del criterio de legalidad de Intervención en 2015 “puede ser mucho mayor”.
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