Fuencaliente reclama su potestad local para repeler la industria pesada

Planta de esfalto de Fuencaliente. | DA

El pulso entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Fuencaliente por la planta de asfalto en la zona industrial de Lomo Alto, está en una fase clave tras el proceso de consulta que la institución insular abre para tantear la opinión de los ciudadanos y consultar a las corporaciones locales.

Son mayoría los que desde el Ayuntamiento de Fuencaliente y desde la patronal industrial de la Isla, ven la clara intención del Cabildo de, no solo mantener la planta de asfalto donde actualmente se encuentra, sino de autorizar legalmente y en el marco del Plan Insular de Ordenación de La Palma, la instalación de otras industrias pesadas en la misma zona. Esa decisión insular da respuesta a quienes desde hace décadas insisten en dotar a la isla con un espacio donde las actividades clasificadas puedan desarrollarse con seguridad jurídica y sin la amenaza de una denuncia vecinal, como la que tumbó la inversión y los permisos de Ruiz Romero en el Callejón de la Gata.

Las decisiones municipales, tales como el acuerdo plenario adoptado tres meses atrás para rechazar la utilización de la zona industrial para actividades clasificadas, no tienen peso jurídico ni son vinculantes desde un punto de vista técnico frente a las intenciones  del Cabildo, que no quiere asumir los costes derivados de “levantar” del suelo sureño la planta de aglomerado asfáltico de Lousan y que no ve razones para abrir un nuevo enfrentamiento con la otra localidad donde podría ubicarse, Barlovento.

Este municipio norteño, por boca de su alcalde, el popular Jacob Qadri, ya se ha negado a asumir esa posibilidad argumentando que el municipio no puede hipotecar su futuro autorizando instalaciones que luego pueden ser “tumbadas” por la lucha vecinal en los tribunales de justicia, como ya ocurrió en Los Llanos, de cuyas arcas locales tiene que salir aún un pago millonario a Ruiz Romero en concepto de responsabilidad patrimonial.

Mientras tanto en Fuencaliente, la división política de los miembros del pleno local se evidencia en cada sesión, con un alcalde socialista apoyado solo por los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente, y con cada decisión municipal sometida a la voluntad del único concejal de Si se Puede, se convierte en unidad sin fisuras para negarse a acoger la zona apta de actividades clasificadas.

En ese bloque de oposición frontal a la intención del Cabildo de consolidar los impulsado por la administración competente, el Cabildo, se encuentra no solo el alcalde socialista y sus socios de gobierno, de UPF, sino los ediles de Coalición Canaria con el ex alcalde Gregorio Alonso, y la del concejal de Sí se Puede, Eduardo Pérez.

Fuencaliente dice no al Cabildo y se queja de los 14 años que lleva  de un sinuoso recorrido para lograr su Plan General de Ordenación. En este contexto el alcalde afirma que “nosotros decimos sí a una zona industrial, pero no a las industrias clasificadas de ningún tipo; Entendemos que tenemos que adaptarnos a las decisiones del Cabildo y a sus documentos, pero no a este planteamiento”.

El pleno Ayuntamiento de Fuencaliente, por unanimidad, se ha posicionado oficialmente contra la planta de asfalto que desde hace casi tres décadas opera en Lomo Alto. Ese pronunciamiento municipal se adoptó a raíz de la iniciativa del único concejal de Sí se Puede en el consistorio, que contó con el respaldo del alcalde, Luis Torres, así como de los ediles del grupo de Gobierno de la Unión Progresista de Fuencaliente y de los nacionalistas encabezados por el ex alcalde nacionalista, Gregorio Alonso.

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