Aunque no consta que desde el Ayuntamiento de La Laguna se hayan dirigido a la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife para que investigue los wasaps machistas y vejatorios del concejal Zebenzuí González, lo cierto es que el Ministerio Público ya tiene puesto el foco sobre el Consistorio de la Ciudad de Los Adelantados por otro caso harto llamativo.
Como se publicó en julio pasado, Anticorrupción ha denunciado que un empleado del Ayuntamiento de La Laguna presuntamente cobró de forma irregular su salario desde 2013 gracias a la connivencia de dos de sus familiares, también trabajadores municipales, y de hasta cuatro médicos que suscribieron partes de baja a su nombre, cuando en realidad se encuentra preso en el Centro Penitenciario Tenerife II desde el citado año. A los tres familiares se les investiga por la presunta comisión de un delito de estafa, mientras que a los cuatro galenos aludidos por un presunto delito de falsedad en documento oficial. La actuación de la Fiscalía se produce a raíz de que dos concejales del Grupo Municipal del PSOE, Javier Abreu y Mónica Martín, informaran de estos hechos. Tanto uno como otro (antes compañeros, hoy rivales acérrimos) como el alcalde, José Alberto Díaz, están citados a declarar.
El relato de Anticorrupción hace propio lo ya indicado en distintos medios de comunicación por Abreu y Martín, acerca de los salarios cobrados por el empleado municipal en cuestión en el periodo comprendido desde el 29 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, y que desde el propio Ayuntamiento de La Laguna se cifran en un total de 75.105,13 euros, lo que incluye “conceptos salariales y extrasalariales, prestaciones a cargo de empresa y seguridad social, productividad variable y especial rendimiento y dedicación, y complemento personal transitorio”. Sin embargo, considera la Fiscalía, dicho trabajador no estaba de baja médica, como se habría simulado ante la Corporación local con la presentación de partes de bajas semanales, sino que en realidad se encontraba recluido en la prisión tinerfeña ubicada en El Rosario. Tal presunta simulación habría sido posible gracias a que el padre del interesado es el jefe del mismo en el Ayuntamiento, mientras que la hermana es la responsable de tramitar las bajas del personal. Respecto a los médicos, desde el Ministerio Público se entiende que sabían dónde se encontraba el trabajador y aun así expidieron los partes, en algún caso sin haberlo visto nunca.
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