El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha estimado el recurso del Cabildo de Tenerife sobre el llamado Caso Piscifactoría y ha dejado sin efecto la citación, como investigado, de la Corporación insular, titular del recinto donde se criaban y engordaban truchas.
A raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa, el 22 de septiembre tras la visita de un inspector de Salud Pública, el Juzgado había citado a declarar en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares el 29 de noviembre a las 09.30 horas.
Sin embargo, según una información recogida por Europa Press, el Juzgado ha estimado el recurso de reforma interpuesto por los servicios jurídicos del Cabildo contra este auto judicial y deja sin efecto la atribución de la condición de investigado y también la citación.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de cinco días a contar desde la notificación.
El cierre de la piscifactoría se produjo por la falta de permisos para verter el agua al canal del Norte proveniente de estas instalaciones, no porque se registrara contaminación alguna del agua de consumo, según explicó en su momento el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena. El Cabildo acató de forma inmediata la orden de quien en esos momentos representaba la legalidad pero la decisión supuso la muerte de todos los peces en cuestión de minutos, tras cerrar el paso del agua procedente de una galería por orden de Salud Pública.
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