Industria ha paralizado la actividad de 24 ascensores por deficiencias

DA / Efe

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, informó ayer de que, como resultado de las inspecciones realizadas, se han tramitado 39 denuncias por deficiencias en ascensores y se han emitido resoluciones para paralizar la actividad de otros 24. Estos datos los proporcionó Ortega en la comisión parlamentaria, en la que el diputado socialista Gustavo Matos dijo que los datos son “ciertamente preocupantes”, porque, al menos en Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Administradores de Fincas ha afirmado que la mitad de las comunidades de propietarios no hacen inspecciones.

El consejero indicó que la comunidad autónoma ha elaborado un borrador de decreto respecto a la seguridad y mantenimiento de ascensores y se ha fijado hasta el 24 de noviembre el plazo para recibir alegaciones, además de que en esta legislatura se han aprobado dos instrucciones en este ámbito. Ortega detalló que en Canarias hay unos 30.000 ascensores y se han realizado 277 inspecciones entre 2013 y 2017, que han derivado en 19 denuncias el año pasado y 20 en los meses transcurridos de este. Se han enviado 102 cartas a titulares de instalaciones para requerir el cumplimiento de las inspecciones periódicas obligatorias, lo que ha dado como resultado 24 resoluciones de paralización de ascensores hasta que no se cumplimente dicho trámite. Además, y para paliar la escasez de personal técnico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Consejería trabaja para dotar una plaza vacante de jefe de sección de Seguridad Industrial. El consejero añadió que, una vez aprobado el decreto, será preciso adoptar nuevos criterios técnicos tanto para las inspecciones periódicas como para los organismos encargados de su control.

El parlamentario socialista Gustavo Matos recalcó que a día de hoy no ha habido accidentes en Canarias como los graves siniestros ocurridos en ascensores de Madrid y Andalucía, pero conminó al consejero a aprobar cuanto antes la normativa en cuestión, que sería una especie de ITV para garantizar la seguridad de estos aparatos.

La diputada del PP Astrid Pérez afirmó que la normativa actual en esta materia tiene lagunas y consideró que la comunidad autónoma está preparando ahora el decreto en este ámbito, mientras que otras ya lo han aprobado, lo que implica que, “como siempre”, las Islas se sitúan “a la cola”. Concepción Monzón (Podemos), solicitante de la comparecencia, pidió que se cuente con todos los operarios del sector a la hora de desarrollar los reglamentos, porque, argumentó, hay dudas acerca de que incluso ascensores ya revisados cumplan la normativa. Monzón apuntó que muchos trabajadores se encuentran “saturados y presionados” y no disponen de tiempo para hacer las inspecciones en condiciones, lo que puede poner en riesgo la seguridad de las instalaciones. “Hay prácticas de contratar técnicos por horas y algunas empresas no utilizan en las reparaciones piezas originales, sino que las sustituyen por otras de menor coste”, apostilló. Sugirió, asimismo, que se regule un libro de mantenimiento para que los propietarios de las instalaciones sepan qué reparaciones se han hecho y que estas están conforme con la norma.

Belén Allende, del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), expuso que quizá haya habido “una relajación” entre los propietarios por falta de publicidad respecto a la necesidad de incidir en las revisiones periódicas y consideró que se podrían dar ayudas para garantizar todos los ámbitos de la seguridad industrial. Por ASG, Jesús Ramos sostuvo que la Consejería debería supervisar que los ascensores pasen por los controles técnicos obligatorios y resaltó que las comunidades de propietarios deben comprobar si hay vecinos con problemas de movilidad para adecuar las instalaciones.

A instancias del PP, Pedro Ortega reiteró que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, conocido como plan Juncker, no debe sustituir a las subvenciones que reciben las regiones ultraperiféricas.