Fue hace un año, en enero de 2017, cuando DIARIO DE AVISOS inició una serie exhaustiva de publicaciones sobre el llamado caso Grúas a cuenta de las posibles irregularidades detectadas en dicho servicio municipal de La Laguna durante el período en que la empresa adjudicataria estuvo en manos de siete empresarios, cinco de los cuales han reconocido en sede judicial algún tipo de vínculo personal con el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Un año después, este asunto no solo está muy lejos de haber sido sido devorado por la siempre insaciable actualidad informativa, sino que ha crecido tanto que hoy, al inicio de 2018, el caso Grúas se encuentra en el mismo centro de la política regional.
Como es obvio, tanta relevancia no obedece únicamente al mayor o menor interés informativo que le han prestado medios como este periódico, sino también a la lenta pero implacable acción de la Justicia. Hoy en día, hasta tres órganos judiciales distintos se ocupan, en mayor o menor medida, del caso Grúas.
Por un lado, están dos juzgados laguneros, concretamente los de Instrucción Número 2 y 4, que siguen investigando las dos vertientes derivadas de aquellos hechos. En el 2 se dirime la llamada vertiente política, y sus avances han sido notables en los últimos meses, especialmente desde que, en auto dictado el 17 de octubre, la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife apreciara indicios delictivos suficientes como seguir con la investigación judicial. Desde entonces, la titular de dicho juzgado ha citado en calidad de imputado al histórico concejal de CC en La Laguna. Antonio Pérez Godiño. A la espera se encuentra nada menos que el hoy alcalde y entonces edil de Seguridad, José Alberto Díaz (CC). El juzgado ya informó el mes pasado que, por ahora, no es el momento de decidir si también acaba imputado por esta causa, tal y como reclaman las dos acusaciones populares que impulsan Unid@s se puede y XTF-NC. Otros hitos recientes en estas diligencias fueron las declaraciones, en calidad de testigos, prestadas por los empresarios afines a Clavijo y los dos técnicos municipales que se encargaron de la empresa durante los meses en que fue intervenida.
En cuanto al Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, se encarga del presunto saqueo de piezas en los coches retirados por las grúas laguneras y que habría tenido lugar en un depósito municipal. En estas diligencias si están imputados los aludidos empresarios afines a Fernando Clavijo.
Por otro, nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha sumado a los dos anteriores, por cuanto es competente al estar aforado Clavijo en razón de su cargo. Por ahora, el alto tribunal regional sigue sin afrontar directamente el caso, por mucho que en dos providencias dictadas el mes pasado ya implicase al presidente regional en calidad de investigado (antes imputado), una decisión que, presumiblemente, adoptará en los próximos meses.
En el trasfondo, y además del presunto saqueo de piezas, lo que se investiga en el caso Grúas es la supuesta comisión de delitos relacionados con la corrupción tales como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Por eso continúa protagonizando la política canaria al inicio de este año.
El interventor municipal, un testigo clave, citado para el próximo día 15
La vertiente política del llamado caso Grúas se centra en los indicios delictivos, considerados por la Audiencia provincial como suficientes para seguir con la investigación judicial, detectados en tres decretos del Ayuntamiento de La Laguna aprobados en 2014, y que versan sobre un crédito de 120.000 euros otorgado a la concesionaria, controlada por empresarios afines a Fernando Clavijo, y sobre la prórroga del servicio por otros cinco años. Dos de esos decretos llevan la firma del alcalde, que entonces era el propio Clavijo, y el tercero la del concejal, también de CC, Antonio Pérez Godiño, ahora imputado si bien lo firmó porque suplía al sucesor de Clavijo en la Alcaldía, José Alberto Díaz, que estaba de vacaciones. Tanto el crédito como la prórroga se aprobaron pese a los reparos del interventor municipal, Gerardo Armas, que consideraba ambos ilegales. El próximo 15 de enero Armas prestará declaración como testigo en el juzgado.
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