Santa Cruz no podrá conceder licencias que afecten a los más de 500 inmuebles que el Cabildo considera susceptibles de ser protegidos en la capital sin antes obtener el visto bueno del área insular de Patrimonio. A cambio, la Corporación insular se compromete a aceptar las conclusiones de un informe técnico, que será encargado de forma urgente por el Ayuntamiento de Santa Cruz, sobre los dos edificios de Puerta Canseco, en la manzana de Miraflores, que ya tienen concedida una licencia de demolición, paralizada por el Cabildo al considerar que cuentan con valores arquitectónicos que hay que proteger. Ayer mismo terminaba el plazo de aplicación de las medidas cautelares del Cabildo, por lo que el acuerdo entre ambas instituciones impide que, hasta que no esté ese informe, se pueda continuar con la demolición.
Así lo anunciaron ayer tanto el presidente insular, Carlos Alonso, como el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, tras la reunión que ambas instituciones mantuvieron con este asunto como tema central. Bermúdez enfatizó que van “a encargar un informe de manera urgente que nos revele si, a día de hoy, existen valores protegibles”. Y es que el edificio paralizado en Puerta Canseco tiene la declaración de ruina desde 2016, lo que hace prever que a la hora de evaluar su valor patrimonial se tengan en cuenta esa circunstancias.
“Si tuviese valores, actuaríamos en consecuencia, y si no fuera así, tendríamos que seguir autorizando la demolición de la obra”, añadió el alcalde. “Lo que nos ha dicho el presidente -continuó- es que, en función de ese informe, el Cabildo actuaría de la misma manera, es decir, no cuestionando, sino dando por bueno el informe del Ayuntamiento”. Este documento será encargado a un técnico ajeno a la Gerencia Municipal de Urbanismo, aunque será validado por esta una vez que esté finalizado.
Por su parte, Alonso, que admitió que el conflicto abierto en Miraflores “genera incertidumbre”, defendió que la definición de un nuevo método de trabajo en patrimonio histórico permitirá “que no se vuelva a producir este conflicto entre las dos administraciones”.
Así, el presidente insular detalló que en la comisión que se va a crear entre ambas instituciones se analizarán aquellos inmuebles que, no estando en el catálogo municipal, a juicio del Cabildo tienen valores que hay que proteger. “El Ayuntamiento se compromete a hacer un trabajo material de determinación de esos valores, es decir, de emisión de informes, de manera conjunta con el Cabildo, de forma que esa incertidumbre que existe en algunos bienes se despeje”. Bermúdez aseguró que esta forma de trabajo no va a ralentizar la concesión de licencias y defendió que “lo que no nos puede volver a ocurrir es otorgar una licencia en base a un catálogo y que el Cabildo, en ejecución de sus competencias en patrimonio histórico, nos lo paralice”.
Preguntados sobre si, en la práctica, estos inmuebles pasan a ser tratados como si realmente estuvieran catalogados, al necesitar las licencias el visto bueno del Cabildo, el presidente insular aseguró que no. “Hemos convenido en casos concretos. Hay un trabajo que hacer a través de la comisión para resolver determinado criterios, que no se ha valorado en detalle. El Ayuntamiento encargará el informe individual de ese inmueble bien al promotor o bien a través del propio Consistorio, que trasladará al Cabildo para que tenga conocimiento de la actuación y en el que diga si hay elementos que se han de proteger”. “No hay una autorización expresa del Cabildo, sino que se le comunica a efectos de información previa. Con ese procedimiento nos comprometemos a no activar la Ley del Patrimonio”, añadió Alonso.
Por su parte, Bermúdez defendió que la no inclusión de esos más de 500 edificios en el catálogo del Plan General no se hizo en su momento porque “a la altura en la que estaba la tramitación del Plan General, no era posible hacerlo”. “Nos hubiera retrasado -continuó-, no podíamos hacer modificaciones porque estamos hablando de un trabajo inmenso, analizando, uno por uno, esos inmuebles”. Ahora, con el nuevo método de trabajo, “antes de que el Ayuntamiento dé una licencia, estudiará, con informe propio, si es posible mantener o no por sus valores patrimoniales”, añadió.
Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo ayer se acató esta decisión que, en la práctica, supone lo que tanto temían sus responsables y es que las licencias que emita el Ayuntamiento, y que afecten a esos edificios, van a tener que contar con el visto bueno del Cabildo sí o sí. Finalmente, aunque las competencias urbanísticas las ostenta el Ayuntamiento, las de patrimonio histórico las tiene el Cabildo, que siempre podrá activar la Ley de Patrimonio.
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