La ausencia de uno de los principales acusados, para el que se ha decretado la orden de busca y captura, fue ayer la principal noticia en el inicio del macrojuicio por el llamado caso Catastro, un tema de presunta corrupción inmobiliaria desvelado por DIARIO DE AVISOS en su día y que arranca en 2014 con una redada. En el mismo se dirime si existió o no una suerte de catastro paralelo en la provincia tinerfeña.
De la importancia del proceso da buena cuenta el hecho de que la Abogacía del Estado ha solicitado penas por un total de 224 años de prisión para los 14 encartados o, lo que es lo mismo, 16 años de cárcel para cada uno, unas condenas que llaman la atención porque su duración es la habitual en procedimientos de asesinato. Por el contrario, la Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los acusados, si bien el Ministerio Público limita su acusación a 11 de ellos.
Quizás por esa diferencia en las solicitudes de condena se negó ayer el principal implicado, Jesús D.D., a responder a las preguntas de la abogada del Estado. Esta persona era el responsable de informática del Catastro hasta que fue detenido durante la redada aludida, desempeño que supuestamente le permitió acceder a los recursos necesarios para presuntamente agilizar y/o modificar expedientes a cambio de dinero por los beneficiarios de tales modificaciones.
A preguntas de la Fiscalía, Jesús negó los hechos por los que se le incriminan, e incluso renegó del contenido de la declaración que realizó durante la instrucción del caso. Solo reconoció haber realizado determinadas modificaciones catastrales, pero excusó tal extralimitación de funciones en la necesidad de ayudar a sus saturados compañeros, puntualizando que siempre lo hizo con la autorización de la jefa del Catastro, quien acudirá al juicio en calidad de testigo, dado que los investigadores no consideraron, desde el primer momento, que tuviera responsabilidad alguna por lo acaecido.
Sobre el hecho de que dos de sus compañeros del Catastro declarasen en su día que Jesús había usado sus claves para acceder a determinados expedientes, el acusado sostuvo que, si hubiera sido cierto, ellos lo habrían tenido que notar por fuerza. Sin embargo, no tuvo explicación plausible al hecho de que, durante los distintos registros inherentes a la redada, fueran hallados en su poder sellos de caucho del Catastro y otros de una notaría lagunera, de la que uno de sus empleados también se sienta ahora en el banquillo de acusados.
Mejor fortuna corrió ayer la otra funcionaria implicada, Paloma C.I., exjefa de Planificación Urbanística del Catastro provincial y pareja sentimental de Jesús. Además de responder tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado, coincidió con el informático en negar las acusaciones y en la explicación de que si resolvían antes unos expedientes que otros era porque adelantaban los más sencillos para aligerar la carga de trabajo. De ahí que no respetasen el orden de entrada. Eso sí, tampoco supo explicar lo de los sellos, más allá de asegurar que se encontraban en dependencias de Jesús y que ella desconocía lo que había en las mismas. También apuntó a que su situación económica era buena, y que si conocía a los dos sobrinos de Jesús era por motivos familiares.
Precisamente, es uno de los sobrinos de Jesús, Alberto Díaz, quien fue protagonista ayer por su sonada ausencia, lo que sin duda complica a los demás acusados y ha motivado la correspondiente orden de busca y captura.
No obstante, el otro sobrino, Santiago, sí compareció y está previsto que hoy declare en una nueva sesión del juicio, cuya finalización está prevista para el miércoles de la semana próxima, con sesiones diarias desde ayer.
Respecto a las habituales solicitudes para anular el proceso, estas fueron formuladas por el abogado de los dos principales encausados, quien alegó que el juzgado instructor (el de Instrucción Número 1 de La Laguna) no era competente por no ser el que se ajustaba territorialmente al caso, además de argumentar que las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron antes de que se presentase la denuncia.
El tribunal conformado por la Sección Sexta de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife rechazó ambas propuestas de nulidad a las que, curiosamente, no se adhirieron íntegramente todos los abogados defensores, como suele ser habitual.
Fueron dos los que limitaron tal adhesión: uno de ellos solo se sumó a la delimitación territorial, mientras que el otro especificó que se limitaba a lo expuesto por su colega en lo que se refería a lo legal y jurisprudencial. Probablemente, la causa de ello fueron las sombras sobre prevaricación vertidas hacia el juez instructor.
Sea como fuere, cabe recordar que es doctrina consolidada del Supremo que la competencia territorial no fundamenta la nulidad de un juicio, y que si se ocupó del caso un juzgado lagunero, es porque las primeras noticias que se obtuvieron sobre el mismo procedieron, precisamente, de la referida notaría de la Ciudad de Los Adelantados.
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