Control y controladores

El penúltimo episodio de esta larga travesía del desierto que está resultando ser la investidura de un presidente del Gobierno se ha sustanciado en un conflicto institucional entre el Congreso y el Ejecutivo

El penúltimo episodio de esta larga travesía del desierto que está resultando ser la investidura de un presidente del Gobierno se ha sustanciado en un conflicto institucional entre el Congreso y el Ejecutivo. Un conflicto que el presidente de la Cámara ha calificado de grave y de suficiente entidad como para ser llevado ante el Tribunal Constitucional. Sería la primera vez en la democracia que tal cosa sucede, y que un conflicto de esta naturaleza es sometido al Alto Tribunal. ¿Y cuál es el motivo de este conflicto? Pues su motivo es la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control parlamentario. Por su parte, la Mesa del Congreso, por mayoría, ha acordado seguir tramitando iniciativas de control, incluyendo los Plenos con preguntas.

La postura del Gobierno se fundamenta en un informe de los servicios jurídicos de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, informe que argumenta que un Ejecutivo en funciones no puede ni debe someterse al control del Parlamento, puesto que no cuenta con su confianza porque no ha sido elegido por ella. El informe llega a asegurar que un control semejante podría constituir un “fraude de Constitución”. Patxi López, en la línea de todos los Grupos políticos excepto el popular, ha respondido que, si bien el Gobierno no tiene la confianza de la Cámara, la Cámara tiene la confianza de los ciudadanos, que ostentan la soberanía nacional. Un argumento un tanto demagógico que nos parece no demuestra nada. El secretario de Estado, José Luis Ayllón, ha recordado que nunca en la democracia un Gobierno en funciones se ha sometido al control parlamentario, y que tampoco lo han hecho recientemente los Ejecutivos en funciones catalán y andaluz. Y ha añadido que de la Cámara emanan todos los poderes, incluido el Ejecutivo, lo que no sucede con el Gobierno actual, que tenía la confianza de la Cámara de la anterior Legislatura.

Según la Ley del Gobierno, un Ejecutivo en funciones no toma decisiones políticas y “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”. En otras palabras, a gestionar los asuntos de trámite, en los que no hay nada que controlar. Sin embargo, los aspirantes a controladores no están interesados en lo que diga la Ley del Gobierno; ni tampoco en los precedentes de otros Ejecutivos en funciones. Su interés se centra en seguir prolongando la agonía de Rajoy y su gente. Ahora con mucha luz y muchos taquígrafos.

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