España registró en 2015 el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Según Transparencia Internacional, ahora la corrupción se vincula más a la contratación pública que al urbanismo, sobre todo los contratos suscritos por empresas públicas y entidades autónomas de las distintas Administraciones públicas. En el índice de corrupción de Transparencia Internacional de 2015 nuestro país se sitúa en el puesto 36 de 168, con un total de 58 puntos, dos menos que en el ranking de 2014. Si hemos descendido se debe a que con la crisis hay menos dinero para obras y servicios públicos. Los índices de corrupción realizados por Transparencia Internacional se basan en encuestas a expertos, a líderes de multinacionales y a ciudadanos. Los españoles que han participado en la encuesta piensan que en nuestro país la corrupción es general, a la altura de Grecia, la más alta de Europa. Entre las causas, los dirigentes de transparencia en España citan la falta de jueces para conocer de estas cuestiones, pues ni siquiera se cumple la tasa de reposición de magistrados jubilados.
También, según el presidente Lizcano, a pesar de que se han promulgado normas en materia de transparencia y acceso a la información, precisamos de un programa más integral de lucha contra la corrupción. En el mismo sentido, necesitamos una adecuada cultura de la corrupción con estándares de funcionamiento transparentes y de detección temprana. La proliferación de casos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional, tal como ha demostrado el ministro del Interior en una reciente comparecencia, en la que ha reconocido en 2015 seis mil detenidos por actos de corrupción, debiera disparar las alarmas en los cuarteles generales de los partidos políticos. La realidad acredita que todavía hay una mayoría de españoles que desconfía de los partidos como instituciones de interés general y de las promesas de muchos dirigentes asentados por décadas en la cúpula de estas organizaciones. La ciudadanía, entre resignada e indignada, apunta a los partidos como las instituciones más desprestigiadas de la vida democrática española, tal y como mes a mes registran las encuestas del CIS desde hace ya varios años. Aunque se quiera ocultar, la realidad acredita que el panorama político español está a día de hoy, después de la martingala de la investidura, sumido en una profunda degradación que ha permitido a los ciudadanos, primero en las europeas, luego en las locales y autonómicas y en el 20D, castigar a aquellas formaciones que han tolerado, incluso protegido, o peor, aupado a cargos directivos, a delincuentes y presuntos delincuentes. Cuando el fin de la actividad política consiste en el cálculo y en la astucia para permanecer como sea en la cúpula, entonces la corrupción, de una y otra forma, con más o menos intensidad, está servida.
