Los empleados municipales del personal laboral acaban de ganarle al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz una batalla importante, ya que ayer se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mediante la cual los trabajadores recuperan una serie de derechos recogidos en su convenio colectivo, como los premios de permanencia, pagas extras, tóxicos, ayudas al estudio y transporte. Estas medidas fueron tomadas de manera “unilateral” por parte del Ayuntamiento alegando las “especiales circunstancias económicas” que atravesaban las arcas municipales. También afectó a la antigüedad, que se la congelaron, “creando un agravio comparativo con los funcionarios, a los que sí le pagan los nuevos trienios”, apuntan fuentes sindicales.
Fue en enero de 2010 cuando mediante acuerdo plenario el Gobierno de entonces (CC-PP) decidió “descolgarse” del convenio colectivo y paralizar un conjunto de artículos que tuvieron como consecuencia una reducción de las retribuciones y los derechos sociales de la plantilla. La decisión contó con el voto en contra de los tres grupos de la oposición, PSOE, VxP e IUC. Como consecuencia, los dos sindicatos con representación en el comité de empresa, FSP-UGT e Intersindical Canaria, presentaron una demanda que se ganó en primera instancia, pero el Ayuntamiento apeló y lo elevó al Tribunal Superior de Justicia, que finalmente le dio la razón a los trabajadores.
Se trata de una sentencia firme en la que solo cabría casación, confirma el delegado sindical de FST-UGT del personal laboral. A partir de ahora los empleados municipales deberán presentar una reclamación individual de acuerdo a su categoría laboral y a sus conceptos retributivos, amparándose en que la Justicia los ha apoyado porque las medidas adoptadas no eran correctas.
El entonces concejal de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, argumentó que éstas eran necesarias para garantizar los empleos de una plantilla compuesta por más 400 trabajadores y funcionarios públicos del Ayuntamiento en un escenario económico de ajuste.
UGT no es capaz cuantificar el nivel de las cuantías, ya que al margen del premio de permanencia que han ganado algunos trabajadores jubilados, se deben horas extras, y por lo tanto, “pueden ser muy elevadas pudiendo superar los dos millones de euros”. Además, la decisión judicial afecta también a los empleados jubilados en este periodo, con lo cual los beneficiarios podrían alcanzar las 180 personas.
Respuesta del alcalde
El alcalde, Lope Afonso, asegura que todavía no conoce en profundidad la sentencia y por lo tanto prefiere no pronunciarse hasta no estudiar el contenido de la misma con los servicios jurídicos municipales. Una vez dado este paso, el Gobierno local se reunirá con los representantes sindicales para analizar el escenario jurídico que se avecina y buscar posibles soluciones.
Otro conflicto para el día 21
En enero de 2015 el grupo de gobierno (PP-CC) volvió a aprobar las medidas y hay otro conflicto colectivo en contra de las mismas que tiene previsto celebrarse el próximo jueves, también en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presentada por FSP- UGT. Este juicio también se ha ganado en primera instancia por lo social n
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