El ex presidente del Gobierno canario y de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, figura entre los firmantes de un manifiesto contra el anteproyecto de la Ley del Suelo, una iniciativa legislativa defendida por su propio partido e impulsada por el actual jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo.
La postura de Rivero la calificó ayer de “sorprendente y llamativa” el secretario general de CC, José Miguel Barragán (durante muchos años su mano derecha en la dirección nacionalista), dado que el manifiesto “critica directamente al Gobierno anterior y lo culpa, entendemos que también sin argumentos, de comprometer el modelo de protección del territorio en Canarias, por haber aprobado la Ley de Medidas Urgentes.” “Es raro firmar un manifiesto que critica la propia gestión de un modo tan despiadado”, abundó en una nota de prensa el político majorero, en esta legislatura viceconsejero de Presidencia con Clavijo.
El anteproyecto de ley deroga, del todo o en su mayor parte, normas promovidas por Rivero como la 14/2014 de armonización y simplificación en protección del territorio y recursos naturales, la de inversiones estratégicas y la 6/2009 de medidas urgentes en ordenación territorial para dinamización sectorial y ordenación del turismo, normativas que el manifiesto critica por “desregular” el modelo de desarrollo sostenible que se había aprobado en 2003 con la Ley de Directrices.
En todo caso, el documento rubricado por Rivero acusa al actual Gobierno canario (CC-PSOE) de pretender “un cambio radical de dirección para convertir nuestro territorio en una mercancía y nuestro futuro en efímeros negocios especulativos”.
El manifiesto lo firman también Tomás Padron (expresidente del Cabildo herreño, AHI-CC) y Fernando Ríos (ex comisionado del Gobierno canario, de CC), entre otros políticos. En total, lo suscriben 19 organizaciones sociales y culturales, 6 sindicatos (incluidos CC.OO. , IC y UGT) 7 partidos (entre ellos SSP, Podemos, NC e IUC), 16 organizaciones ecologistas, 7 exaltos cargos, 62 profesionales y 23 cargos públicos.
VOCES CONTRA UN ANTEPROYECTO
Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique, institución tradicionalmente ligada a la protección del medio ambiente y el paisaje, aseguró que el anteproyecto de Ley del Suelo supone “una alteración drástica del modelo territorial en Canarias y recupera ideas caducas con una economía basada en el cemento y en la burbuja inmobiliaria”.
Por ello, critica que el documento aprobado por el Gobierno canario tiene “una posición política muy ideológica que excluye a amplios sectores de la sociedad” y asegura que tendrá un gran impacto sobre el paisaje y permitirá proyectos de ocio y turísticos en suelo rústico.
Según Gómez Aguilera, en declaraciones recogidas por Efe, la Ley del Suelo conseguirá un efecto inverso al que pretende de lograr de una mayor seguridad jurídica, pues “será fuente de conflictos” y conllevará la paralización de proyectos.
El representante de la Federación Ecologista Ben Magec Ecologistas en Acción Eugenio Reyes destaca la necesidad de que se pare la tramitación del anteproyecto, se vuelva al momento inicial, y se abra un debate, con el fin de que todos los ciudadanos puedan participar en él, pues “el territorio es de todos los canarios, no sólo de los empresarios”, según informó la misma agencia.
A juicio de Reyes, el Gobierno de Canarias actúa con celeridad en la tramitación de la ley porque se pretende “un mazazo sobre el modelo, con un golpe rápido y efectivo, para luego aprovechar las plusvalías”.
El secretario insular de CC.OO. en Gran Canaria, Antonio Pérez, considera que “hace falta más tiempo, pues está en juego el futuro”, y defiende que la Ley del Suelo no generará más empleo en el Archipiélago, al contrario de lo que asegura el Gobierno autonómico
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