Manuel Parejo será juzgado junto a Norberto Plasencia y Víctor Reyes por el caso Siliuto

La magistrada María de los Ángeles Zabala responsable del juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife da por cerrada la instrucción del conocido como caso Siliuto y fija la apertura de juicio oral contra los exconcejales del Ayuntamiento capitalino Norberto Plasencia y Manuel Parejo y el funcionario Víctor Reyes. Los tres están acusados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la compra de la Casa Siliuto en el doble de lo tasado por los técnicos municipales.

Zabala remite a la Audiencia Provincial el caso para que se fije la fecha de comienzo del juicio. De esta forma, la jueza acepta la petición de la Fiscalía de acusar a Plasencia y a Reyes de estos delitos a la vez que también acepta la petición de IU (personada como acusación particular) de imputar a Manuel Parejo. El mismo auto procede a desestimar las acusaciones para otros seis investigados inicialmente, todos miembros del consejo rector de Urbanismo que aprobó la compra. Entre ellos se encuentra e el actual concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. El edil nacionalista mostraba ayer su satisfacción tanto por “limpiar” su nombre como por el resto de investigados: Basilio Franco, Antonio Covas (fallecido), Juan Antonio Rodríguez, María José Gutiérrez, José Luis Martín y David Saenz.
En cuanto a las penas que se solicitan para los ya acusados, la magistrada recoge las propuestas de la Fiscalía de diez años de prisión para Plasencia y otros siete para Víctor Reyes. Por su parte, la acusación particular solicita penas de ocho años de cárcel para los tres acusados. Tanto la Fiscalía como IU solicitan además la inhabilitación para cargos públicos de los tres acusados con penas que van entre seis y 20 años.

Fianza
El mismo auto, con fecha de 27 de mayo, establece en 200.000 euros la fianza que han de depositar Norberto Plasencia y Víctor Reyes, en 14.000 la de Manuel Parejo y en 289.000 la que ha de depositar la Gerencia Municipal de Urbanismo como responsable civil subsidiario. Los acusados y el Ayuntamiento tienen 24 horas desde la comunicación del auto para hacer efectiva la fianza.
En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria que deberán abonar los acusados al Ayuntamiento, en caso de probarse los delitos de los que se les acusa, la Fiscalía la establece en 280.281 euros, mientras que IU la rebaja hasta los 137.322. Por su parte, el Consistorio, que finalmente se ha personado en la causa, solicita 279.781 euros.
El caso se remonta a 2003 cuando Urbanismo aprobó la compra de la Casa Siliuto por parte del Ayuntamiento, por el doble de dinero que lo tasado por los técnicos municipales. Hace cinco años, el edil de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, presentó la denuncia por prevaricación contra todos los miembros del consejo rector, incluidos los concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y el funcionario Víctor Reyes, secretario de Urbanismo.

[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Arteaga: “Confío en que, al menos, los que me han acusado se disculpen y pidan perdón”
El actual concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, expresaba ayer su satisfacción por el sobreseimiento provisional de la acusación que pesaba contra él. “Se confirma que quedo libre de la imputación tras cinco años de instrucción y tras la acusación que me puso Pedro Arcila”. “Para mí -continuó- supone limpiar mi nombre de un procedimiento penal de estas características en las que no he cometido un delito de prevaricación ni de malversación de fondos públicos”.

El edil se mostró dolido por los años en los que su nombre ha estado bajo sospecha. “Confío en que, al menos aquellos que nos han acusado se disculpen y pidan perdón”. Añadió que, “mi intención siempre ha sido limpiar mi nombre y el de mi familia” y agradeció “a todos los que han creído en mi desde el principio” el apoyo recibido, entre ellos el del propio alcalde, José Manuel Bermúdez.[/su_note]