La Consejería de Sanidad salió ayer al paso de las duras críticas realizadas por varios alcaldes del Sur en este periódico contra el decreto de sanidad mortuoria que pretende regular las condiciones técnicas y sanitarias de cementerios, tanatorios velatorios y crematorios. Desde los municipios se pide que la nueva normativa, actualmente congelada, no entre en vigor antes de un plazo de dos años, ya que les exigirá fuertes inversiones para adaptar las instalaciones de cada localidad.
El director general de Salud Pública, Ricardo Redondas, quiso ayer rebajar las distancias que separan a la Consejería de las demandas de los municipios. “Aquí no hay ninguna guerra, lo que sí puede haber es una diferencia de criterios sobre un problema que compartimos, pero en líneas generales podemos estar de acuerdo; la mano de este departamento con los alcaldes siempre ha estado tendida y seguirá así en el futuro”.
Ricardo Redondas sostiene que hay un “altísimo” consenso respecto a las medidas de avance tecnológico y estructural en esta materia, y recordó que cuando se presentó el decreto no se formularon alegaciones de ningún tipo. El director general de Salud Pública sí reconoció que los municipios tendrán que realizar inversiones importantes y admitió que esta circunstancia perjudicará a los más pequeños. “Entendemos perfectamente que resulte complicado aplicar una normativa que exige esfuerzo e inversión”, afirmó.
Más tiempo
“En las reuniones en las que he participado, las peticiones de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han ido en la línea de prolongar los períodos de adaptación a la norma, es decir, sus demandas no van tanto en contra de la norma, sino en solicitar más tiempo”, manifestó. En ese sentido, el responsable regional de Salud Pública recordó que tal petición ya se ha tenido en cuenta cuando fue debatida y aprobada por el Parlamento de Canarias en forma de proposición no de ley (PNL).
“Cuando nos preguntaron sobre el debate en la Cámara, entendimos que no nos debíamos oponer a que el Parlamento se posicionara a favor de la ampliación del plazo”, dijo Redondas, que no dudó en calificar de “aceptable” el retraso que ha propuesto la Fecam en las “comunicaciones directas” que ha mantenido con la Consejería de Sanidad.
Redondas recordó que se ha avanzado mucho en esta materia desde la perspectiva de salud pública, “sobre todo desde el punto de vista de prevenir problemas, que ahora son mínimos, relacionados con la transmisión de enfermedades por los cadáveres.” Para terminar lanzó un último mensaje a los alcaldes: “Siempre hemos tenido las puertas abiertas para hablar de esta cuestión y de otras. En las últimas veces que hemos coincidido por distintos motivos, no me han planteado este asunto, por eso me sorprenden sus declaraciones. En cualquier caso, hablemos”.
Los municipios critican el gasto y advierten de que el decreto va contra la tradición
Los alcaldes sureños se quejan de las importantes inversiones que tendrán que acometer a corto plazo para adaptar las salas de velatorios y criptas a la nueva normativa. Además, los lugares que no reúnan las condiciones tendrán que ser sustituidos por nuevas instalaciones en otros emplazamientos. Por otra parte, los mandatarios entienden que el decreto va en contra de la cultura de los pueblos con medidas como la separación del féretro de los familiares.
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