En cualquier país liberalizado, todo negocio lícito es legal. Ocurre sin embargo que en el proceso de liberalización iniciado en Europa con el Tratado de Lisboa en el 2009, venimos encontrando en Canarias reacciones sorprendentes. Valoramos por ello un conjunto de iniciativas legislativas y de gestión en el marco de esta legislatura, que ilustran nuestra lectura. No acabamos de situar el momento de cambio, que estos días aparece reflejado en el Parlamento nacional, con viejos modos para nuevos tiempos. Afinadas propuestas las de Coalición Canaria para la nueva alianza, trasladando a la Constitución el régimen RUP y el anclaje en el REF, así como la defensa de la ficha europea del Posei-REA. Otra cosa sin embargo son las soluciones que desde Canarias damos a las mismas. En general lastradas por respuestas dirigidas a resolver la parte pública del problema, pero no así su eficaz traslado a la sociedad civil a que va dirigida.
Justo es reconocer el cambio cualitativo en las políticas del nuevo Gobierno, con lo que será posiblemente su principal iniciativa de esta legislatura, la Ley del Suelo de Canarias, donde modifica la propuesta populista anterior, para situarse correctamente en el marco legal europeo y nacional, asumiendo la Bolkestein, la subsidiaridad y el marco medioambiental. Sin embargo a la fecha, ha sido incapaz de superar dos recurrentes traumas canarios. Aprovechar cualquier ley para poner tres impuestos nuevos, contra la lógica del REF que obliga a lo contrario y el mantener innecesariamente mecanismos de inflexibilidad en la tramitación y gestión de los procedimientos, contra la nueva legalidad que traslada parte de las responsabilidades al operador privado. Su efecto combinado expulsará del sistema a los pequeños operadores.
Con la Ley de Islas Menores se ha desatado un curioso mecanismo, donde respetables periodistas y técnicos, si bien son capaces de reconocer la gravedad del problema -el caso palmero es paradigmático- concluyen prejuzgando lo voluntarista y poco meditado de las soluciones, ofreciendo sólo respuestas lideradas desde los Cabildos. Ponen siempre el acento en el carácter salvador de la ley, cuando lo que debiera primar son las estrategias y los planes de acción, previo a la norma. Aquí también Europa en su estrategia para las RUP, nos viene recomendando potenciar los segmentos turísticos ecológicos, medioambientales, sociales, culturales y de bienestar. Será la propia sociedad emprendedora quien deba hacerlo, con marcos legales sencillos, baratos y flexibles, lo que no hace lo público. La Ley es un instrumento.
Por seguir con los ejemplos del desconcierto canario, el Decreto de las Viviendas Vacacionales el 2015 creó para ellas una categoría turística propia y al tiempo las prohibió en zonas turísticas. Defensa de la Competencia las ha recurrido y el Parlamento ha acordado corregir. Otro ejemplo a otra escala es el Mamotreto de Las Teresitas: fuego cruzado con la complejidad normativa, la gestión infinita con los tiempos, el desajuste administrativo y de la justicia y el lío de los partidos políticos desvinculados de la realidad.
Canarias está en la encrucijada de apostar por acercarse a la realidad de su sociedad civil.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas