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La letra chica del pacto CC-PSOE y 19 días para entregar el Puerto de la Cruz

Los compromisos del sábado en Las Palmas crean un campo de minas: al menor incumplimiento, el acuerdo saltará por los aires
Foto del momento de la firma del actual pacto regional entre CC y PSOE. Foto/Fran Pallero
Foto del momento de la firma del actual pacto regional entre CC y PSOE. Foto/Fran Pallero

A. M. S./Santa Cruz de Tenerife

De los 10 compromisos alcanzados el sábado en Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria (CC) y el PSOE para salvar, transitoriamente, los muebles del pacto que mantienen desde junio de 2015, uno en particular ha sido una sorpresa desagradable para el Partido Popular (PP), principal damnificado, pues perderá la alcaldía del Puerto de la Cruz antes de 19 días.

El acuerdo fija un plazo de 20 días para la mudanza a partir de la firma, el pasado sábado. De tal manera que, a más tardar, el 18 de noviembre, el socialista Marco González, que fue el candidato más votado en mayo de 2015, hasta ahora en la oposición, podrá aspirar a suceder al popular Lope Afonso. Este se ha mantenido en el cargo gracias al apoyo de CC, que ahora lo dejará caer para cumplir con el PSOE

El acuerdo in extremis entre los socios del denominado Pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias contiene una adenda que desvela DIARIO DE AVISOS, en la que se establece un intercambio de cromos por la pérdida de la alcaldía socialista de Granadilla, el pasado 27 de septiembre, a causa de la moción de censura de CC, PP y Ciudadanos.

El decálogo del acuerdo de Las Palmas, suscrito por los secretarios generales de CC y PSOE, José Miguel Barragán y José Miguel Pérez, respectivamente, en presencia del presidente Fernando Clavijo (CC) y la vicepresidenta Patricia Hernández (PSOE), entra de lleno en el ajuste de cuentas municipal, fijando con toda nitidez la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz antes del próximo día 18, para desbancar al popular Lope Afonso y dar la alcaldía al PSOE, por haberle arrebatado Granadilla, donde gobernaba el socialista Jaime González Cejas. También establece otra compensación al socio agraviado, mediante la dimisión (dentro del mismo plazo) de la alcaldesa de Arico, Elena Fumero (CC), que ha gobernado con el apoyo de CCN y PP. En ambos casos, Puerto de la Cruz y Arico, el PSOE tiene derecho a reclamar el bastón de mando, pues fue la fuerza más votada.

Un tercer acuerdo en clave local determina la expulsión de los siete concejales de CC en Granadilla, por indisciplina respecto al pacto en cascada. Es, sin duda, la medida más dura de digerir por parte de los nacionalistas, y que fue exigida en su día por el propio secretario general de la organización, José Miguel Barragán, quien amenazó con dimitir por esta indisciplina si los ediles rebeldes no eran expedientados (pese a que lo fueron, cumplió su anuncio y permanece en el cargo en funciones). Fuentes del PP deslizaron su disposición a acoger a los concejales en caso de ser despedidos por CC.

La adenda de Las Palmas pone fecha en el calendario de noviembre para reunir a la mesa de seguimiento del pacto entre CC y PSOE. La relación entre los socios se había vuelto irrespirable y ambos confían en relajar las tensiones en una sentada sobre los restantes incumplimientos locales. Antes de tres meses, según se comprometen, deberán quedar zanjadas todas las diferencias. Los asistentes a la firma de este acuerdo de salvación (los dos partidos venían negociando por separado posibles pactos alternativos sin decidirse finalmente) se ven obligados, tras la pérdida de confianza, a ratificar su respaldo a los principios programáticos que suscribieron en su día y se conceden la autonomía que le corresponde a cada cargo público, siempre que no contravengan las decisiones del Gobierno.

A fecha de hoy, el pacto fía su capacidad de coordinación al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, y al viceconsejero de Presidencia del Gobierno, José Miguel Barragán.

No queda fuera de estas 10 medidas de choque la política presupuestaria, que desató la guerra de nervios entre los socios. Como bálsamo, se aplica un presupuesto para 2017 más sensible con los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). No debe pasar por alto el hecho de que los socios fijan una regla de juego de máximo equilibrio para evitar que salten chispas de nuevo entre ellos a las primeras de cambio: las decisiones consideradas relevantes en materia económico-presupuestaria deberán adoptarse de mutuo acuerdo. La información circulará fluidamente entre ambos, según se describe. En este mismo sentido, no es menos importante que que todos aquellos gastos relativos a los llamados servicios públicos fundamentales no estarán sujetos a las limitaciones derivadas de la polémica orden de la Consejería de Hacienda, de 19 de septiembre, de cierre presupuestario, siempre dentro del objetivo de déficit.

Asimismo, en sintonía con el citado giro presupuestario, se conviene en incorporar proyectos de inversión de servicios públicos esenciales al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Los socialistas los echaban en falta.

En otro orden de cosas, al margen del núcleo principal de las diferencias entre socios (alcaldías, presupuestos y política social), los firmantes (CC y PSOE) entran a considerar otros aspectos de mutuo interés, como la inminente renovación de los órganos dependientes del Parlamento de Canarias, a fin de estrechar vínculos e ir juntos en las negociaciones con la oposición. El mismo espíritu de camaradería se traslada a los mecanismos parlamentarios en materia de enmiendas a las iniciativas legislativas y, en particular, al proyecto de Ley del Suelo, que huelga decir está sometido a un debate social y político considerable y puede ser calificado de joya de la Corona del grupo parlamentario nacionalista y de la presidencia del Gobierno. Una ley que suscita no pocas discrepancias internas en el PSOE .
El último de los 10 mandamientos del acuerdo está dedicado a la controvertida RTVC. Admiten los socios que el modelo es deficiente y se comprometen a inspirar una iniciativa legislativa para cambiarlo, mediante la modificación de la ley en vigor.

OPINIÓN
Pagar alto las costas del agravio de Granadilla

Estaba el pacto al rojo vivo cuando los dos socios se sentaron en Las Palmas el sábado a arreglar el lío por las buenas o tirarse al monte. El tenor de los acuerdos adoptados en esa situación límite revela que el papel aguanta todo. Otra cosa es lo que se cumpla. Algunos compromisos ocasionarán estragos en CC, pues la expulsión de los concejales díscolos de Granadilla (queda por escrutar los pormenores de la moción de censura de septiembre, con las citas secretas frustradas en el bar de San Isidro para determinar las causas del desenlace) será una decisión traumática. Y el PP está a la espera de esos ediles para cuando queden sin partido. Otras de las medidas para cauterizar las heridas del pacto no son menos indigestas. Hacer dimitir a un alcalde (la de Arico, por lo que se ve, deberá renunciar antes de 19 días) no es plato de buen gusto. Y, por si fuera poco hacer realidad aquella portada de DIARIO DE AVISOS del miércoles 26, con el presidente sirviendo en bandeja al PSOE la cabeza del alcalde popular del Puerto de la Cruz, Lope Afonso, es pagar alto las costas del agravio de Granadilla. Pero firmado está y, aunque muchos duden de las intenciones, nadie debería hacerlo de la necesidad que va en ellas. Todos saben que CC y PSOE ya no se fían entre sí y que buscarán otras salidas. Pero entre tanto se despeja el horizonte, estas son las nuevas reglas de juego. Lo contamos aquí. Publicado está. Que nadie pida, por tanto, luz y taquígrafo.

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