¿Por qué Canarias cerró con más de dos meses de adelanto su presupuesto si contaba con 325 millones de euros disponibles en agosto? Es la pregunta que muchos se formulan tras conocer el pasado martes de forma oficial que las arcas públicas autonómicas contaban con dicho superávit, de cuya importancia da cuenta el hecho de que fue entonces el mayor de toda España en términos absolutos y el segundo en términos relativos, por cuanto los 217 millones de más en Baleares suponen el 0,76% de su producto interior bruto (PIB), por el 0,74% en el caso canario.
Cuando anunció la decisión adoptada finalmente el pasado 20 de septiembre, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, justificó el mismo en la necesidad de “preservar los servicios públicos esenciales” lo que, teniendo en cuenta esos 325 millones de euros disponibles, no parece que estuvieran en riesgo precisamente.
A este respecto es menester señalar que, por aquel entonces, Dávila también aludió al temor de que el Gobierno de España finalmente no remitiese a Canarias 324 millones de euros correspondientes a las áreas de Empleo y que también afectan a obras en carreteras, fondos que el ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado que llegarán a las Islas como estaba previsto. Curiosamente, la cantidad es prácticamente la misma que en agosto figuraba como disponible para la Comunidad Autónoma.
Además, especialistas consultados por este periódico recuerdan que no es inhabitual que ciertas partidas no sean ingresadas hasta bien entrado el año, a tal punto que no sería la primera vez en que los fondos de empleo llegan a Canarias en noviembre.
Esa ausencia de tensiones en la caja para justificar una decisión que lleva aparejada el bloqueo de todo gasto obliga a desviar la mirada hacia la controvertida gestión realizada en la Consejería de Sanidad durante lo que vamos de legislatura, que la propia Dávila ha cifrado en unos 140 millones, de los que 50 corresponderían a este ejercicio en números correspondientes al pasado mes de julio. El propio presidente, Fernando Clavijo, ordenó por aquel entonces contener semejante ritmo de gasto, lo que ayudó apreciablemente (junto con las distintas batallas por el poder municipal) a elevar la tensión hasta la crisis actual que amenaza con romper este acuerdo de Gobierno.
Sin embargo, tampoco parece que desde la perspectiva financiera se justifique el adelanto del cierre presupuestario por los excesos en Sanidad, dado el amplio margen de maniobra que le ofrece al Gobierno esos 325 millones y que, tal y como apuntan los especialistas, bastaría con bloquear el gasto en las partidas donde se detecta un exceso de gasto para lograr el objetivo que presumiblemente se persigue con esta medida. La buena marcha de las cuentas canarias este año contrasta con la del año pasado, cuando por las mismas fechas la Comunidad arrastraba un déficit de 148 millones, el 0,35% del PIB, y encuentra su explicación por el apreciable aumento en la recaudación de distintos impuestos, explican los técnicos. Así, y partiendo de la base de que se trata de números redondos, el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) ha supuesto 80 millones de más para las arcas canarias, mientras que unos 65 provienen de otra buena noticia desde la perspectiva fiscal en la imposición indirecta, especialmente por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Ahondando en esa bonanza de las finanzas autonómicas, cabe reseñar igualmente que solo otras cinco comunidades autónomas ofrecen resultados positivos a esa altura del año: la ya citada Baleares, País Vasco, Andalucía, Asturias, Galicia y La Rioja.
El cómputo total de las comunidades autónomas no es tan favorable, con un saldo negativo de 602 millones de euros. Las cuentas con mayor déficit son las de Madrid.
Solo se pagan nóminas, gastos corrientes imprescindibles y obligaciones ya contraídas
El cierre adelantado del presupuesto es una medida financiera bien conocida en la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien los antecedentes de 2010 y 2011 tuvieron lugar en un contexto económico muy distinto, ya que en esos años arreciaba lo más duro de la política de recortes impulsada por la Unión Europea y que comenzó a aplicar en España el Gobierno de Mariano Rajoy.
Básicamente, consiste en la finalización de la ejecución del gasto previsto en el presupuesto salvo en tres circunstancias: las nóminas, los gastos corrientes imprescindibles y aquellas obligaciones ya contraídas que se encuentran en ejercicio. Lo peor es para aquellas partidas que, estando consignadas, no recibirán tales fondos si en el momento del cierre no han empezado a ejecutarse. Eso sí, ello no imposibilita que se mantenga la partida con vistas al siguiente ejercicio.
Por lo que respecta a los antecedentes citados, tuvieron lugar en la etapa de la Presidencia de Paulino Rivero y especialmente recordado fue el acaecido en 2010 y que coincidió con la salida de José Manuel Soria de la Consejería de Economía regional y su relevo por Javier González Ortiz .
En aquel entonces, el cierre se realizó el 22 de noviembre (apenas ocho días antes del 30 de noviembre, fecha en que sí es habitual este tipo de medidas) y supuso un ahorro en el gasto cercano a los 400 millones de euros.
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