El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe), que preside Ángel Ferreras, ha mostrado su apoyo, en términos genéricos, al proyecto de Ley del Suelo promovido por el Gobierno regional, y que ya tramita el Parlamento autonómico.
En un informe elaborado por este think tank, del que forman parte destacados empresarios del Archipiélago, advierte de la necesidad de esta reforma legislativa ante el “fracaso” y la “incapacidad” del sistema de planeamiento territorial vigente en Canarias.
Para apoyar este diagnóstico, Catpe esgrime una estadística: solo 26 de los 88 municipios de Canarias cuentan con su plan general adaptado a toda la legislación vigente; 35 no han conseguido culminar aún este proceso, y 26 ni lo han iniciado.
A modo de conclusión gráfica, el informe de este centro de pensamiento señala que “el 76,5% del territorio en Canarias está fuera del sistema” en lo que a planeamiento se refiere. Un dato que se extrae sumando el 26% de la superficie de Canarias que corresponde a los municipios que, en 16 años con la principal normativa de esta materia en vigor, no han logrado adaptar su plan general, y el 44,5% del territorio que corresponde a los municipios que ni siquiera ha iniciado ese trámite.
Coincide el Catpe en el diagnóstico “acertado” que hace el proyecto de ley en cuanto al “bloqueo generalizado” del planeamiento, la “inoperatividad de su gestión”, la “falta de cooperación interadministrativa”, la “carencia de unicidad normativa” entre las dos demarcaciones provinciales de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), el “elevado” porcentaje de judicialización de los acuerdos de este órgano o el “estigma de Canarias como una plaza de alto riesgo para la inversión”.
Sin embargo, el Catpe sostiene que el proyecto legislativo “no acierta” en otras cuestiones, como al “no involucrarse en la carencia crónica de recursos financieros y de medios humanos” en todas las administraciones públicas para elaborar planeamiento; la “incapacidad” para articular soluciones administrativas ante la anulación del recurso de reposición; y la “falta de respuesta a la necesidad de reglamentar la Ley desde su entrada en vigor”. En este punto, el informe indica que hasta 54 artículos del proyecto de ley remiten a un futuro desarrollo reglamentario.
También señala como ineficiente la regulación prevista de las energías renovables vinculadas al sector primario y encuentra “falta de concreción del umbral del protección del territorio por razones ambientales o de biodiversidad que debe presidir la política territorial en Canarias”.
Sostiene el Catpe que “la futura ley se convierte en una condición necesaria, pero no suficiente si no viene acompañada de decisiones políticas, institucionales y financieras”.
MÁS DE 550 RECURSOS JUDICIALES EN 9 AÑOS CONTRA LA COTMAC
El 23% de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) en los últimos nueve años han acabado en los tribunales. Ese es, al menos, el balance de los datos de litigiosidad contra este órgano dependiente del Gobierno regional correspondientes al periodo 2007-2015, que figuran en el informe DEL Catpe sobre la Ley del Suelo.
De acuerdo con esta fuente, en esos nueve años se han presentado 551 recursos contencioso administrativos contra la Cotmac, lo que, a juicio de este grupo de opinión supone “una elevada” conflictividad jurisdiccional.
En este sentido, advierte de que “la inseguridad jurídica, la fuerte conflictividad y excesiva judicialización en esta materia, ha abocado a que en última instancia hayan sido los jueces y magistrados quienes gestionan el territorio por vía jurisdiccional”. “Debido a la profusión normativa y sistemática judicialización, los funcionarios frecuentemente adoptan una actitud aprensiva con interpretaciones restrictivas del planeamiento en trámite”, subraya el Catpe.
“NO TODA LA CULPA” ES DE LA COTMAC, TAMBIÉN DE LA FALTA DE MEDIOS Y “DECISIONES POLÍTICAS ATOLONDRADAS”
El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico sostiene que una parte, pero no “toda” la responsabilidad de la “ineficacia” del actual procedimiento para aprobar los planes del territorio, es achacabale a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), a la que la futura Ley del Suelo vacía de buena parte de su poder, al ceder la aprobación definitiva del planeamiento a los ayuntamientos y los cabildos insulares.
Apunta este grupo de opinión que “el sistema es inoperante en su conjunto por otras diversas razones”, no solo por la Cotmac. Y las enumera: “Falta de medios asignados, profusión legislativa y consiguiente inseguridad jurídica, falta de políticas activas de formación, decisiones atolondradas por parte del poder político, etcétera”.
Y es que, para el Catpe los sucesivos gobiernos regionales han cometido la “estulticia” de no dotar de suficientes recursos humanos y materiales a esta “estratégica función pública”. “Teniendo el Gobierno la obligación de garantizar la suficiencia económica de las corporaciones locales [cabildos y ayuntamientos] en esta competencia, la realidad es que no lo ha hecho”, señala en su informe el Catpe.
Pero va más allá en su análisis y argumenta que “ más incomprensible es aún que ni los partidos políticos, ni entidades profesionales o medios de comunicación hayan reflexionado lo más mínimo al respecto”.
“Lo cierto es que la falta de correspondencia entre recursos dialécticos, mediáticos y legislativos y los destinados a atender esta política supuestamente tan crucial para nuestro futuro, es una anomalía que resulta incomprensible”, enfatizan los autores del informe.
Abundando en esta cuestión, Catpe pone de relieve que las políticas de financiación de la elaboración del planeamiento territorial por parte del Gobierno autonómico, “apenas ha oscilado entre el 11,87% y el 32,30% de los recursos destinados al ente público Radio Televisión Canaria, correspondiente al ejercicio de 2016”.
Tal carencia de medios ya la puso de manifiesto en 2011 este centro de pensamiento, tanto en los ayuntamientos para elaborar los planes generales, que “acaban delegando” su redacción en empresas públicas como Gesplan o externalizándola en el caso de los consistorios pequeños. Situación que, según el Catpe, “también se reproduce en la Consejería” de Política Territorial del Gobierno regional, “que carece del personal suficiente”.
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