La Palma está en el centro del debate sobre el territorio que se ha abierto en Canarias. La Ley del Suelo, que está en trámite parlamentario, y la aprobada de la Ley de Islas Verdes, no solo incide directamente en los intereses de La Palma, sino que la Isla ha tenido un protagonismo relevante, con la confianza de que puedan servir como motor para su desarrollo socioeconómico. Coalición Canaria celebró la noche del viernes una jornada para dar a conocer el contenido de estas leyes, en la que tanto la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, como el diputado nacionalista Antonio Castro Cordobez, defendieron la importancia que representa esta legislación para el progreso de La Palma.
La consejera palmera subrayó, entre otros aspectos, el impacto positivo que puede generar la Ley del Suelo para el sector primario, al que “en La Palma puede dar un impulso importante” y rechazó todo el “alarmismo” que se ha generado a su alrededor.
La ley, a su juicio, recoge una demanda generalizada de los casi 80 colectivos de distintos ámbitos con los que se reunieron en el proceso “participativo” de su elaboración, que es la unificación en un solo texto legislativo todas las cuestiones relativas al territorio, que fuera, además, “sencilla en el trámite y que permitiera agilizar el planeamiento”.
Barreto realizó esta exposición en la Casa de la Cultura de El Paso, donde asistieron, además de cargos públicos y militantes de CC, representantes de colectivos socioeconómicos de La Palma e incluso un alcalde del PP, Borja Pérez.
La consejera valoró la importancia que cobrará el suelo rústico, donde se podrá desarrollar una actividad agrícola tecnificada, en la que puedan también participar las energías renovables. Además, se podrá desarrollar una actividad complementaria asociada al sector primario, aunque esté limitada. Con ello buscan que los agricultores puedan obtener una renta complementaria que, a su vez, permita garantizar el mantenimiento de la actividad principal, es decir, la primaria.
Con ello se refiere a cuestiones como por ejemplo que una bodega pueda tener un espacio legalizado donde venda sus vinos o una sala de catas, o varias camas turísticas asociadas. Algo que, como indicó Barreto, ya sucede en muchos lugares de España.
Otro aspecto en el que incidió la consejera es en la agilización de los trámites para la aprobación de los planeamientos, donde La Palma sufre un bloqueo especial. En este sentido, explicó que autorizar a los ayuntamientos y cabildos a la aprobación de los planes, permitirá que el tiempo medio de elaboración se reduzca a la mitad, pasando de los 12 años de media que existen actualmente a seis años como tope de plazo.
Antonio Castro Cordobez, que fue el ponente por CC en la reforma de la Ley de Islas Verdes, abordó las consecuencias “históricas” que este cambio legislativo va a tener para la Isla, permitiendo el desarrollo turístico que no pudo garantizar esta normativa, que precisamente se aprobó en el año 2002 para salvar a La Palma, La Gomera y El Hierro de la supuesta parálisis que iba a representar la entrada en vigor de la Ley de Directrices, conocida también como Moratoria Turística. La realidad, sin embargo, fue bien distinta. En los catorce años que ha estado vigente, solo se aprobaron en La Palma 12 camas. “Solo ese dato justifica que había que hacer algo”.
El veterano diputado nacionalista calificó la aprobación de esta ley como “un éxito político sin precedentes” por el acuerdo entre todos los diputados de las tres islas implicadas y el consenso de los partidos con mayor representación en la Cámara (PSOE, PP y CC). Algo que consideró necesario tener en cuenta frente al discurso de “los malintencionados, queriendo desvirtuar y desprestigiar la ley, negando el desarrollo, el crecimiento, y por tanto el empleo en La Palma, sin ninguna alternativa”.
Castro Cordobez fue tajante en su exposición y advirtió de que o La Palma logra desarrollarse turísticamente “o no hay esperanza, no hay futuro”. “No hay otra salida si queremos tener una economía sostenible”, insistió. Para el parlamentario, este cambio legislativo representa una oportunidad histórica, que comparó con el momento del auge del sector platanero en la isla de La Palma.
El análisis que presentó sobre la situación socioeconómica de La Palma fue bastante desalentador. En población, indicó que a pesar de que los datos oficiales marcan alrededor de 80.000 habitantes, la realidad es que no llega a 60.000. A ello añadió que tiene el mayor índice de envejecimiento demográfico y la tasa más alta de migración de jóvenes. “Un tejido empresarial débil, estamos a la cola en turismo, la renta per cápita de La Palma es la penúltima de Canarias y un sector agrario dependiente”.
Explicó además que el 86% de la superficie de La Palma es suelo protegido y solo el 6% del 14% restante está destinado a uso turístico, que equivale al 1% de la superficie total de la Isla. Ante las críticas sobre el desarrollismo que podría imprimir la ley, recordó que el tope de camas fijado en la Isla es de 25.000 camas y señaló que con lo previsto por esta modificación legislativa se podrían realizar 8.000, que se sumarían a las 12.000 que se estima que existen en la actualidad.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas