Surrealista, pero cierto. El grupo de gobierno (CC-CCN-PP) del Ayuntamiento de Arico denunció al propio Consistorio para poder recuperar en el juzgado el 45% de las retribuciones de la alcaldesa, cuatro concejales y un personal de confianza, tras salir adelante en septiembre una moción presentada por el PSOE.
Esta mañana, a las nueve, un pleno extraordinario tendrá que designar abogado y procurador externo para defender al grupo de gobierno ante una situación que se torna kafkiana y que teóricamente tiene pocos visos de prosperar al ser determinada por el Pleno, el máximo órgano decisorio de la administración local, aunque Elena Fumero y sus cuatro ediles del Gobierno -el otro concejal nacionalista, Ramón Desiderio Martín Flores, es ahora concejal no adscrito- aluden a que con esa bajada algunos de los miembros cobran por debajo del salario mínimo interprofesional.
La denuncia del grupo de gobierno al Ayuntamiento se produjo el 23 de noviembre ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando la nulidad del acuerdo plenario por el que les redujeron el sueldo, su suspensión cautelar y la devolución del salario dejado de percibir.
La medida aprobada en el pleno de septiembre redujo el coste anual de personal de los órganos de gobierno en 106.470,79 euros, pasando de 236.601,75 euros a 130.130,96 euros, dinero que según la moción de Olivia Delgado irá destinado a incrementar la partida de Servicios Sociales.
La alcaldesa, Elena Fumero, vio reducido su jornal de 3.000 euros mensuales a 1.650 euros; el primer teniente de alcalde, Juan José Armas (CCN), de 2.785,71 a 1.532,14 euros, lo mismo que Andrés Martínez (PP); Pedro González (CCN) cobraba 2.089,29 euros y pasó a percibir 1.149,11 euros, al igual que Dácil Cano.
El 25 de noviembre, la Administración ariquera recibió un oficio del juzgado solicitando la copia del expediente objeto de la demanda de la alcaldesa y los ediles, otorgando 10 días de plazo al Consistorio para que exponga lo que estime procedente sobre la solicitud de la medida cautelar de suspensión del acuerdo plenario; de ahí la convocatoria del pleno extraordinario que se celebrará esta mañana y en la que, al ser parte interesada, no estarán presentes cinco de los seis miembros del Gobierno (uno de ellos no está liberado), teniendo que ser los representantes de la oposición (cinco del PSOE, uno de Sí se puede y el edil no adscrito) quienes tengan que aprobar la elección de abogado y procurador para defender al Ayuntamiento ante la denuncia judicial de quienes fueron elegidos para ser sus gestores.
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