Solo en lo que va de mes, el Consejo Consultivo de Canarias ha emitido 15 dictámenes sobre reclamaciones de indemnización por supuestos daños de las administraciones públicas, 4 de las cuales son como consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario. En 2016 se publicaron 448, referidos tanto a esta (335) como a otras materias. Desde 1985 suman 8.468, con una media anual de 256 pronunciamientos. La mayor actividad se registró en 2010 (926).
El último dictamen lleva fecha del día 12. Entró el 19 de diciembre. Fue solicitado por el consejero de Sanidad de entonces, Jesús Morera, en relación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial formulado por una ciudadana. La causa objeto de la reclamación se remonta a mayo de 2013, cuando la interesada comenzó una serie de visitas al centro médico ambulatorio de Los Realejos aquejada de los siguientes síntomas: ansiedad a la hora de comer, incremento del apetito y de las micciones, calambre en las extremidades, cambios repentinos de humor y pérdida de peso (10 kilos en 3 meses) . En una primera consulta, el facultativo de cabecera le diagnosticó “trastorno por ansiedad” y le recetó Lexatin 1,50 y antidepresivos. Al no mejorar su situación física, regresó a los quince días y, “sin ningún tipo de examen ni analíticas”, le repitieron el tratamiento. Transcurrido el mismo tiempo, el médico le reiteró el trastorno de ansiedad y bajó la dosis de Lexatin. “Ante la gravedad y el desdén del médico”, acudió por vía de urgencia al Hospital Universitario de Canarias. Constatado el “lamentable estado” y dado el peligro que corría su vida, quedó ingresada en cuidados intensivos. Padecía “cetoacidosis diabética grave y diabetes Mellitus de debut”. Presentaba “dolor abdominal de hemiabdoben superior y vómitos en 4-5 ocasiones, con astenia y sensación disneica”. Se le dio de alta nueve días después. Perdió su “actividad laboral y familiar”. Pidió una indemnización de 9.287,68 euros. El Servicio Canario de la Salud (SCS) admitió a trámite la queja el 22 de noviembre y la resolución se le notificó el 3 de diciembre de 2014. Finalmente, el Consultivo ha considerado que la denegación de la pretensión de la demandante está “adecuadamente justificada”.
El primero de los expedientes cerrados en enero involucra al Cabildo de Tenerife y respondía a una reclamación de 9.668,75 euros de una usuaria del transporte público que el 23 de septiembre de 2016 denunció una caída en una guagua de Titsa. Como prueba aportó diversa documentación acerca de los gastos asumidos y la asistencia sanitaria. El Consejo Consultivo declara “no conforme a derecho” la autoexculpación de la corporación insular, al obviar los “trámites esenciales”.
Guardián de la Constitución y del Estatuto de Autonomía
El Consejo Consultivo es el órgano encargado de “velar por la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones y por que el sometimiento de la Administración pública a los fines que la justifican sea pleno en los asuntos y términos que dispone la ley de su creación, la 5/2002. El TC sentenció en 1992 que sus funciones incluyen la de “garantizar la corrección de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos e intereses correspondientes”.
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