El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, no solo no duda de que esta institución pueda financiar y licitar el cierre del anillo insular de carreteras, pese a ser una obra competencia del Gobierno regional, con un coste que puede superar los 300 millones de euros, sino que incluso pone fecha a la adjudicación: finales de 2017. El que sería el túnel más largo de Canarias estaría terminada dentro de cinco años, en 2022. Esos serán los plazos, ha estimado el mandatario en la Ser, “si todo sale razonablemente bien”, para lo cual primero debe firmar el convenio con el Ejecutivo autonómico.
Pero no está aún claro que todo le salga bien a Alonso. Hasta diciembre pasado, cuando el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, le prometió cederle esta obra, los técnicos de la Consejería regional de Obras Públicas, entonces en manos del PSOE, hicieron informes negativos a esta pretensión, según fuentes del anterior equipo directivo de este departamento.
Tras destituir Clavijo a fines de diciembre a los consejeros del PSOE y romperse el pacto de gobierno, el nuevo responsable de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de CC, ha cambiado de postura política. Pero la pregunta ahora es si ha cambiado el criterio técnico. Alonso manifestó el lunes que “el servicio jurídico de la comunidad autónoma” ya ha dado el visto bueno a la fórmula de un convenio.
El Grupo de Podemos en la Corporación advierte de que el asunto no ha sido tratado en el pleno insular desde este punto de vista. “Solicitaremos los informes correspondientes de los servicios técnicos y jurídicos del Cabildo sobre la viabilidad de lo que pretende Alonso”, manifestó ayer el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté.
A su juicio, esta obra no es la prioritaria, ya que los colapsos de tráfico no se producen en esa vía, sino en la entrada al área metropolitana, donde Podemos apoya el carril para guaguas y vehículos de alta ocupación.
CC pretende que el Cabildo financie el túnel de Erjos y que le dedique recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que le transferiría el Gobierno canario. Curiosamente, cuando la consejera regional era Ornella Chacón (PSOE), pidió a Clavijo destinar recursos de ese fondo al cierre del anillo insular, Clavijo se lo denegó.
Al anterior equipo del PSOE al frente de Obras Públicas le llamó poderosamente la atención el deseo desmedido de Alonso de asumir no ya el pago, sino la propia licitación de una obra que compete gestionar a la comunidad autónoma y que los socialistas defienden que la pague el Estado, con un nuevo Convenio de Carreteras.
El presidente del Cabildo alega que con el cierre del anillo los usuarios, 20.000 coches al día, ahorrarían 150 millones, según un estudio encargado por la propia consejería regional cuando la llevaba el PSOE. Fuentes socialistas indican que, por esa regla de tres, los 100.000 vehículos en el área metropolitana se ahorrarían una cantidad significativamente mayor si se le diera prioridad a resolver los atascos en esas vías.
Alonso, en un comunicado, criticó este martes a los parlamentarios socialistas por no apoyar su iniciativa. “Siguen anclados en el enfrentamiento”, enfatizó.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, expresó en el pleno del Parlamento canario su inquietud por que los cabildos deban “cofinanciar” las carreteras de interés general, como sucede en Tenerife con el cierre del anillo insular, mediante un convenio, dijo, que aún no se sabe en qué consistirá. “¿Por qué vamos a endosar asuntos que no son de su responsabilidad a instituciones canarias?”, cuestionó.
El consejero regional de Obras Públicas aseguró en el Parlamento, en respuesta a un pregunta de Román Rodríguez, que no renunciará a los más de 750 millones que ha recortado Rajoy al Convenio de Carreteras, pese a que el Cabildo tinerfeño pague el cierre del anillo.
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