La Asociación ‘Justicia y Sociedad’ ha rechazado la decisión de trasladar la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife de la ubicación prevista en la zona de Cabo Llanos a El Sobradillo al entender que resulta “gravemente errónea” y “perjudicará seriamente el funcionamiento de un sistema de Justicia que debiera aspirar a ser cercano y accesible para la ciudadanía”.
La Asociación de juristas califica de “lamentable” que una decisión de esta trascendencia “haya sido tomada por el consejero de Justicia, José Miguel Barragán, con la anuencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de forma unilateral, a espaldas de los sectores afectados y la ciudadanía, sin un mínimo debate con los representantes de los operadores jurídicos”.
Para ‘Justicia y Sociedad’, “resulta sorprendente que se vuelva a reabrir un debate ya cerrado hace más de diez años cuando se decidió desarrollar la Ciudad de la Justicia en la denominada parcela ‘A’ del polígono Cepsa-Disa”.
En tal sentido, la Asociación de juristas invita al alcalde de Santa Cruz a leerse el reciente y vigente Plan General de Ordenación de 2013 aprobado bajo su mandato y que prevé la ubicación de la Ciudad de la Justicia en la parcela del antiguo polígono Cepsa-Disa, en el ámbito 4.4.5 denominado ‘Plaza de Nuevos Juzgados’. Justicia y Sociedad confía en que no se esté asistiendo “al primer acto de una operación urbanística de carácter especulativo como trasfondo de dicha decisión”.
‘Justicia y Sociedad’ considera que el estudio comparativo presentado por el consejero y el alcalde el pasado 23 de marzo, con el que trata de fundamentar dicho cambio de ubicación, “no hace una evaluación verdaderamente objetiva de las distintas alternativas susceptibles de ser ejecutadas, inclinándose por la opción de El Sobradillo partiendo de premisas falsas”.
Según la Asociación, “esto resulta preocupante, ya que no estamos ante un documento técnico que con objetividad formule las distintas alternativas con una evaluación detallada de las opciones, sino ante un documento que orienta su contenido hacia una opción previamente decidida”.
CUATRO ALTERNATIVAS
Tras analizar dicho estudio comparativo, junto con el planeamiento vigente, la Asociación de juristas, con la colaboración de otros profesionales especializados, ha elaborado un informe técnico que “evidencia los sesgos y limitaciones de dicho documento y avala la viabilidad de, al menos, cuatro alternativas para desarrollar la Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos y su entorno”.
‘Justicia y Sociedad’ justifica técnicamente en dicho informe que son viables a corto plazo en el antiguo polígono Cepsa-Disa tres opciones alternativas. La primera de ellas consistiría en una actuación conjunta sobre las parcelas A, B y C; la segunda opción consistiría en desarrollar la Ciudad de la Justicia en la parcela A con las variantes de mantener o no el edificio del actual Palacio de Justicia; y la tercera alternativa, consistiría en desarrollarla en la parcela C mediante un cambio de uso sin modificación de planeamiento.
Del mismo modo, a medio plazo, desde ‘Justicia y Sociedad’ se detalla técnicamente la posibilidad alternativa de desarrollar el Ciudad de la Justicia en torno al actual Palacio de Justicia mediante la construcción de dos edificios de similar o mayor envergadura al actualmente existente a ejecutar en las parcelas Ae-29 y Ae-30 del ámbito 4.4.2 del Intercambiador, previa modificación puntual del PGO. En dicho informe técnico se detalla, además, las ventajas comparativas “insuperables” de estas alternativas en materia de accesibilidad, movilidad y aparcamientos frente a la opción de El Sobradillo.
La Asociación de juristas pondrá en los próximos días dicho informe técnico a disposición de los representantes de los distintos sectores relacionados con la Administración de Justicia como parte del proceso de debate abierto.
Desde la Asociación ‘felicitan’ al consejero de Justicia y al alcalde de Santa Cruz “por haber sido capaces de generar una valoración negativa tan unánime por parte de los distintos operadores jurídicos, pese a la heterogeneidad de intereses y diversidad de visiones existentes en el ámbito de la Justicia”, destacando también el hecho de que “nadie en tan poco tiempo haya logrado como en esta ocasión concitar tanta unanimidad en contra de una decisión de esta trascendencia”.
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