Los exconcejales de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo y Norberto Plasencia se sentarán de nuevo en el banquillo, después de que ambos fueran ya condenados por el caso Mamotreto, y el primero también por el de Las Teresitas. En esta ocasión, comparecen como acusados junto en el caso La Ninfa, junto al exsecretario y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes, igualmente condenados por Las Teresitas, así como la presidenta de la comunidad de propietarios del edificio denunciado, María de los Ángeles Carrillo.
El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial entre los días 8 y 10 de mayo. En la primera de las jornadas comparecerán los acusados, a quienes se les imputan delitos de prevaricación, estafa procesal y desobediencia a la Justicia; el segundo día declararán hasta 17 testigos, y la última jornada, el día 10, le tocará el turno a tres peritos citados por el tribunal.
Los hechos se remontan a los años 90, y se refieren al complejo expediente administrativo del edificio La Ninfa, que se construyó en 1997 a pesar de invadir suelo de aparcamientos público. Así lo llegaron a advertir los vecinos denunciantes desde el primer momento; incluso antes de iniciarse las obras, pues llegaron a recoger firmas para señalar que se había dado una licencia a un proyecto que ocupaba terreno público. En vistas de que el Ayuntamiento capitalino no atendió a sus quejas, los afectados llevaron el caso a la vía contencioso administrativa, donde ganaron el litigio. En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la licencia de construcción y ordenó la demolición, pues incumplía la normativa de retranqueo de 10 metros respecto de un aparcamiento público. Pero antes de ese fallo, como consta en la denuncia, el Consistorio había otorgado licencia de reforma para intentar regularizar el edificio.
El Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que en 2002 dio la razón a los vecinos que denunciaron las irregularidades, y establecía la demolición parcial del inmueble, situado en la calle de Rúbens Marichal López, en Ifara. Pedida la ejecución de la sentencia, la Gerencia Municipal de Urbanismo presentó un proyecto de demolición que, según la querella, falseaba los datos reales, pues situaba el edificio a ocho metros del suelo público, y no a cinco, como ocurre en la realidad, con el fin de que solo se tuvieran que demoler dos metros de la construcción de marras.
LOS LINDES REALES
Se da la circunstancia de que, pese a esa sentencia firme en lo contencioso administrativo, la comunidad de propietarios de La Ninfa demandó por vía civil al Ayuntamiento, alterando, según la denuncia penal, la ficha del Plan General de Ordenación y los lindes reales de la parcela para reivindicar la propiedad de todo el solar sobre el que se había construido el edificio. Con este pleito civil, en el Juzgado de Primer Instancia de Santa Cruz de Tenerife 5, los dueños de La Ninfa lograron en 2004 que se les reconociera como titulares de 113 metros cuadrados, sin que el Ayuntamiento recurriera tal resolución judicial, ni ninguna de ambas partes en litigio tuviera en cuenta la sentencia firme del Supremo dictada en 2002. De este modo, supuestamente ilícito, los acusados consiguieron que el TSJC diera en 2008 por ejecutada la sentencia, dado que los metros que había que demoler se habían reducido a solo centímetros.
Un dictamen pericial encargado por el Juzgado que instruyó esta causa penal, ratificó en 2012 que la parcela “no se ajusta a los retranqueos” fijados en el Plan General de Ordenación de 1992, “pues hay una alteración en la orientación”, al consignarse 5,05 metros de lindero cuando deberían ser 10 metros, y concluyó que la sentencia del pleito civil se basa en datos de la parcela no adecuados a la realidad.
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