La inmensa mayoría de los puntos de vertidos ilegales al mar que el Gobierno canario detectó en un censo elaborado en 2007 y 2008 continuaban hace año y medio sin autorización. Es la conclusión que se desprende de comparar los datos de ese inventario con el último informe anual publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2016, en el que constan las autorizaciones de vertidos en el dominio público marítimo terrestre.
Si en el año 2008 el Gobierno de Canarias inventarió 107 puntos de vertido autorizados y 378 no autorizados en todo el litoral del Archipiélago, a 31 de diciembre de 2015 la cifra de vertidos con autorización ascendía a 130, es decir, apenas 23 más que siete años antes, cuando se publicó el censo autonómico, según el Ministerio. Eso permitiría concluir que más del 90% de las conducciones que vertían al océano de forma clandestina en 2008 seguían sin obtener autorización.
Como quiera que el Gobierno canario lleva casi una década sin actualizar ese censo, aunque ha anunciado que a fines de octubre o principios de noviembre hará público uno nuevo -cuya elaboración se adjudicó a una empresa privada el pasado año-, la única manera aproximada de saber cómo ha evolucionado el proceso de legalización es comparar ambas fuentes.
Aunque no se conoce aún ningún dato del nuevo censo, que, a tenor de lo manifestado por la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, está ya casi listo, sí que al menos se sabe desde hace unas semanas el número de solicitudes de autorización de vertidos que están en trámite en esta viceconsejería: 91. De esa cifra, unos 30 se hallan en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, por donde deben pasar necesariamente, dado que le compete dar el visto bueno a lo que se haga en el dominio público marítimo terrestre.
De los vertidos que tenía constatados como autorizados el Ministerio en su informe sobre el año 2015, un total de 46 eran de aguas residuales urbanas, que sumaban un caudal de casi 568 millones de metros cúbicos al año. Otros 40 puntos de vertido eran de aguas industriales, con 1,14 millones de metros cúbicos al año. Los restantes 40 correspondían a las tipologías de piscinas de agua salada, urbano con salmuera, urbano industrial, urbano con pluviales, industrial con pluvial y arena, según explica en su informe el Ministerio. En el mismo año 2015, con datos de 2013, la Agencia Europea de Medio Ambiente referenció 33 áreas urbanas en Canarias cuyas aguas negras iban al mar sin el tratamiento que exige la directiva de tratamiento de aguas residuales que se promulgó en 1991, y que tenía que cumplirse a más tardar en 2005.
Tenerife es la isla con más zonas que incumplían en esa fecha, hasta 23; seguida de Gran Canaria, con 4, y La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, con 2 cada una. Ninguna en La Palma y El Hierro. En Tenerife el 21,74% de las aguas residuales no se trata adecuadamente y se vierte al mar, lo que supone 13,8 millones de metros cúbicos cada año, según la cifra aportada esta semana a este diario por el Cabildo. Pero si este guarismo puede resultar preocupante, no lo es menos otro: el 39,5% de las aguas negras en esta isla (25 millones de metros cúbicos al año) va directamente al subsuelo, a través de pozos individuales, por ausencia de red de alcantarillado en muchas zonas, lo que contamina el acuífero.
Para resolver todo este problema de forma definitiva y cumplir la normativa europea, la Isla necesita aún una inversión de 1.000 millones de euros, según los cálculos del Cabildo.
Cs urge el nuevo censo de vertidos y más transparencia
Ciudadanos pidió ayer al Gobierno canario más rapidez en actualizar el censo de vertidos al mar, “para actuar eficazmente en el tratamiento de las aguas residuales en Tenerife”, cuya gestión ve “vergonzosa”. Cs también solicita al Consejo Insular de Aguas que haga público el diagnóstico de las infraestructuras de saneamiento.
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