Demagogia romaní

La nueva Ley del Suelo de Canarias ha entrado en vigor este uno de septiembre de 2017. En algo más de dos años, plazo récord para Canarias, se ha tramitado el proyecto estrella de la legislatura. Ha dado lugar a visiones enfrentadas en el Parlamento y en la calle. Sobre la Ley del Suelo, hemos venido en esta columna opinando durante más de dos años, unas 15 veces, ligando a su vez la ley de Islas Verdes y el complejo e inmanejable entorno legislativo , que tiene hoy a Canarias paralizada. Las visiones enfrentadas son dos. La intervencionista-populista del todo público y la realista incorporada en el programa del nuevo Gobierno. Obviamente los términos simplifican, pero dejan ver lo esencial, máxime en una ley transversal, de gran complejidad técnica y enredada al infinito en el juego histórico de la política canaria.

Por demagogia, se entiende la dominación tiránica del pueblo. Hoy la sutileza de la “posverdad”, recoge la distancia existente entre los poderes políticos y sus sociedades civiles, agrandada en la crisis. Donde lo público ejerce su “tiranía light”, a través de pretender imponer la igualdad de resultados, sobre la igualdad de oportunidades y esfuerzos. Esta última exige libertad, que permita que todos puedan participar en la creación de riqueza para mejorar. La emprendeduría viene asociada a la reducción de impuestos y de complejidad técnica y económica en la gestión, que la opción populista niega.

Nos sorprende por ello que quien se queja de una ley sin consenso, anuncia modificarla en el 2019, con el soporte sólo de las fuerzas de izquierda. Que quien ha estado legislando en el histórico canario, hasta conducirnos a un callejón sin salida, le niegue el futuro a una ley más realista. Quien opina que su intervención en el trámite parlamentario, “mirándose al espejo”, mejoró la ley.

Cuando la ha liado, rompiendo el principio de competencia única y limitando sin razón los usos singulares en suelo rústico y sus parámetros. En este caso contra su propia propuesta incorporada en la Ley de Medidas Urgentes del 2009. Más curiosa aún su lectura en contra del “municipalismo”, en quien la nueva Ley del Suelo residencia sus funciones propias. Los ayuntamientos deben reforzar competencias, detraídas de autonomías y cabildos, homologándose con la Europa avanzada. Duplicar su gasto relativo en el total del gasto público. Al final tenemos una Ley del Suelo, que sigue siendo la más compleja y cara de España. Donde, sin embargo, el “realismo” ha operado con sensatez, descargando excesos de intervencionismo, homologándonos con la legislación básica y europea. Suprimiendo las ilegales calificaciones territoriales y PAT y reconociendo como en Europa, los usos complementarios en suelo rústico, que ésta financia al 75%. Mejorando de forma realista el marco del “fuera de ordenación”. Nuevas sombras con los nuevos tiempos. Las formas de participación pública de la ley, fuera de dimensión práctica, añaden complejidad innecesaria en la gestión de los Planes Generales Municipales.

El carácter bifásico de las Evaluaciones Ambientales y su inexistencia de marco preciso de aplicación, es el tema más débil de la Ley. Esta debe responder a una estrategia y plan de acción, que el Gobierno tendrá que desplegar en paralelo, con recursos, decisión y reglamentos. Soportado en un cuerpo de funcionarios a formar, que siguen sin entender y aceptar la Bolkestein de liberalización de servicios y temerosos de la judicialización del urbanismo. Nos situamos en el realismo, que debe atender las necesidades del ciudadano, antes que la de los políticos.